Coalición Sociedad Civil por la Paz de las Mujeres piden acciones contra la violencia

 Fotos y video José Manuel Castillo

Santiago, Rep. Dom.- Como organizaciones de la sociedad civil de Santiago vinculadas al trabajo de Atención y Prevención a la Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar expresamos nuestro dolor ante la repetición casi diaria de la muerte de dominicanas por razones de la cultura de discriminación de género que prevalece en nuestro país.

Demandamos un accionar decidido en materia de prevención. Se necesitan campañas masivas de desmonte de todas las creencias, situaciones, relaciones que facilitan que las mujeres salgan de relaciones violentas por causa de su dependencia económica, emocional y social. Así como que se definan y apliquen planes, y se asignen recursos para prevenir las distintas dependencias que sufren las mujeres.

Las mujeres necesitan oportunidades, apoyo económico, vivienda, facilidades educativas formales de todo tipo, básica, media, técnico vocacional, universitaria, seguro de salud, soporte emocional, integrarse a grupos, integrarse al poder, recibir capacitación, y una formación alternativa que acabe con la utilización de la mujer, que promueve y le interesa el control, para aprovechar sus energías físicas sin reconocimiento ni paga, y para el placer sexual.

En todas las instituciones se necesitan cambios: las empresas, los clubes deportivos y culturales, las juntas de vecinas/os, los medios de comunicación, la familias, las iglesias, los centros de educación y de salud, públicos y privados, terapeutas, la policía, los partidos, las ONG, los Ayuntamientos, los clubes de servicio, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Educación. Todas las instituciones y personas debemos unirnos para intervenir en las relaciones y crear alternativas y oportunidades para que se interrumpa el ciclo de la violencia, y todos y todas tengan derecho a una vida sin violencia verbal, emocional, física, violencia sexual, amenazas, acoso, asedio, hostigamiento, y violencia económica.

Una mujer dependiente, no valorada, utilizada como un objeto sexual por la publicidad, sin empleo, con sobrecarga solitaria de quehaceres domésticos,  minimizada y maltratada en canciones, desvalorizada en todas las áreas de la vida, con poco poder en lo público, y en todas las esferas de la sociedad, es un atractivo para irrespetarla, para dominarla y abandonarla a su suerte, sin potenciarla de manera integral como niñas, como adolescentes, como jóvenes, como adultas y como adultas mayores.

El Estado se debe al mandato constitucional de eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres, al respeto y garantía del derecho a la vida. Los organismos de la ONU como el Comité CEDAW, para la eliminación de la discriminación contra la mujer, le han requerido mayor atención para disminuir los feminicidios y la violencia de género. El Estado se comprometió ante el Consejo de Derechos Humanos a desarrollar políticas públicas efectivas en este sentido. El no incremento de esfuerzos y recursos a la altura del problema muestra incoherencia que debe ser evidenciada en diversos organismos nacionales e internacionales, a donde nos acompañen para que el Estado cambie su bajo nivel de actuación ante la magnitud del problema, y para irlo superando con una disminución relevante, le de la importancia que tiene, se dediquen todas los organismos que tienen que intervenir con el problema y se destinen los recursos necesarios.

Nuestras instituciones, además de los esfuerzos que realizamos para aportar un granito de arena a tan magno problema, nos encontramos en sesión permanente ideando planes, redoblando esfuerzos para prevenir y aumentar  nuestra incidencia para que toda la sociedad asuma enfrentar esta pandemia de muerte, con eficacia, y para que pare radicalmente la violencia contra la mujer y los feminicidios.

De manera específica demandamos:

·         Que se destine el 1.33% del presupuesto municipal para la atención integral al tema de la violencia de género, a la capacitación político social de las mujeres para incrementar sus niveles de participación y de poder en todas las instancias políticas y del Estado.

·         Que los servicios de Atención  a las víctimas de violencia de género sean asumidos por Salud Pública, porque la violencia es un problema de salud,  que en cada centro de servicios en los niveles más descentralizados, hospitales periféricos, y centros de salud de todos los niveles. Grupos de profesionales del área de la psicología y trabajo social deben estar interactuando con las familias, y acompañando, detectando, y dando terapias de empoderamiento y el trabajo de disminución de las conductas violentas en hombres.

·         Se necesita que el Ministerio de la Mujer, asuma la razón de su quehacer, impulsando la transversalización de las políticas de género en todos los Ministerios, exigiendo su cumplimiento y fortaleciendo su área de capacitación y coordinación intersectorial.

·         Que el Ministerio de Educación  asuma su papel de orientación en las escuelas públicas y privadas, promoviendo la educación para la equidad y la igualdad de las niñas, adolescentes y adultas y para el desmonte de las conductas violentas en la comunidad educativas.

·         A nivel de la Procuraduría de la República, la Fiscalía de Santiago debe ser apoyada con recursos para instalar por los menos dos unidades nuevas especializadas, para la atención de los casos, y el adecuado seguimiento a la supervisión, capacitación y terapia a víctimas y hombres con conductas violentas, que son la mayoría de los casos con un 84% de violencia de hombres hacia mujeres. Se necesita más personal en todas las áreas, la permanente capacitación y terapia para la atención al burnout, o quemazón laboral, medidas que son necesarias para todo el personal que trabaja en áreas de mucho estrés.

·         Agilizar los procesos que dependen de jueces y juezas como las órdenes de protección y de arresto. Así como también una mayor sensibilización y capacitación.

·         Capacitación, sensibilización y dotación de recursos para la movilización rápida para la intervención, y líneas de auxilio, en las instituciones de atención, como la policía, y en la procuraduría en sus dependencias locales.

·         Crear más espacios para refugio de niñas y niños víctimas de violencia en la familia, y refugio para mujeres víctimas de violencia de género.

·         Que los medios de comunicación, como fuentes valiosas de información, tengan un rol de importancia en la difusión de las denuncias y el seguimiento a los casos que se ventilan en los tribunales. Además, los medios de comunicación deben auspiciar la integración del lenguaje incluyente y velar porque las expresiones utilizadas, no hieran más a las víctimas al culparlas de su propia suerte, al escribir, por ejemplo “la mató porque se negaba a reconciliarse con él”, lo cual, de manera implícita, justifica el feminicidio.