Santo Domingo, República Dominicana.- El Partido de la Liberación Dominicana se ha convertido en cómplice de crasas violaciones a la Constitución en que, según juristas y analistas, ha incurrido el presidente Leonel Fernández Reyna en sus mandatos.
La más reciente de las violaciones constitucionales del presidente Fernández recién se produjo con su mensaje político ante la Asamblea Nacional, en lugar de rendir cuentas como manda la ley de leyes.
El doctor Julio Cury advirtió que el mandatario violó otra vez su propia Constitución pues "omitió detallar la inversión pública del pasado año, así como también de las proyecciones macroeconómicas y fiscales del 2012 como lo exige el artículo 114 de la Constitución".
El discurso político presidencial fue ovacionado hasta el paroxismo por la mayoría de diputados y senadores del Partido de la Liberación Dominicana, cuya responsabilidad constitucional está determinada por las propias leyes.
De ese modo, los legisladores oficialistas sancionaron positivamente el que el mandatario no se aviniera al mandato establecido por su propia Constitución.
Sin embargo, la del pasado lunes 27 de febrero ante la Asamblea Nacional no fue la primera violación constitucional en que ha incurrido el mandatario.
Al margen del intento de reelección que endosaron sus funcionarios y sectores del peledeismo, se han producido otras contradicciones con la reglamentación legal vigente.
Presentándolo como "un novedoso mecanismo de financiamiento de la inversión pública", el presidente Fernández autorizó con su firma un préstamo internacional de 130 millones de dólares, sin que el Congreso Nacional lo conociera.
La Suprema Corte de Justicia, apoderada del sonado caso del préstamo con la Sun Land, admitió que violó la Constitución, pero negó calidad a quienes lo presentaron ante el tribunal. El caso solo sería acogido una vez lo presente el Congreso Nacional que domina el PLD.
También el economista Luis Vargas expresó que el discurso del presidente Leonel Fernández violó el artículo 128, acápite f, de la Constitución, que establece que el Presidente debe "rendir cuentas de su administración del año anterior" al iniciarse la primera legislatura ordinaria el 27 de febrero de cada año.
Consideró que Fernández expuso opiniones e informaciones sobre los últimos ocho años de su administración de gobierno, en procura de promover la campaña electoral del partido oficial en el corriente 2012.
Agregó que el presidente pretende ocultar el fracaso de las sucesivas administraciones gubernamentales del PLD de 2004 a 2008 y de 2008 a la presente fecha, mediante un recital de desinformaciones sobre el desempeño de los principales sucesos, hechos e indicadores de la economía, finanza y sociedad, durante esos dos cuatrenios.
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