SANTO DOMINGO (R.Dominicana).- El Gobierno dominicano rechazó hoy la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la desaparición forzada del periodista opositor Narciso González, ocurrida en 1994, mientras que Amnistía Internacional (AI) pidió al Gobierno investigar otros hechos similares en el país.
González, un periodista, profesor y opositor dominicano, desapareció el 26 de mayo de 1994 a sus 52 años de edad, durante el último Gobierno del fallecido presidente Joaquín Balaguer.
Al emitir su condena la CorteIDH señaló que "El Estado es responsable por la desaparición forzada del señor Narciso González Medina y consiguientemente por la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica".
El ministro de Interior y Policía dominicano, José Ramón Fadul, rechazó hoy la sentencia porque, en su opinión, busca hacerle daño a la inversión extranjera en el país.
En declaraciones difundidas en el portal de Noticias SIN, el funcionario vinculó el fallo a sectores empresariales que compiten con su país en la región.
En tanto, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, consideró que dicho fallo representa "una vergüenza" para el país.
Reynoso dijo a periodistas locales que la CorteIdh emitió la sentencia porque entendió que las autoridades locales "no hicimos lo necesario para llevar a cabo la investigación de la desaparición" del periodista y profesor universitario.
Según la demanda, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la desaparición de González fue una consecuencia directa de sus posturas políticas, especialmente por sus denuncias de fraude electoral en contra de Balaguer, quien gobernó República Dominicana en los períodos de 1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996.
Una noche antes de su desaparición, González pronunció un fuerte discurso en contra del Ejecutivo de Balaguer, luego de hacer un llamado a la desobediencia civil durante una Asamblea en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde era profesor.
La CorteIDH ordenó a la República Dominicana realizar "las investigaciones y procesos necesarios" para "establecer la verdad de los hechos", así como identificar y sancionar a los responsables de la desaparición forzada de González.
En cuanto a indemnizaciones, determinó que el Estado debe pagar por daño inmaterial un total de 290.000 dólares a los familiares de González; por ingresos dejados de percibir por el periodista 70.000 dólares y por costos del proceso 33.200 dólares.
El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez calificó hoy la sentencia de humillación al pueblo dominicano, al tiempo que se mostró partidario de que los asuntos judiciales del país se resuelvan en los tribunales locales.
"Hubiera preferido que ese caso se resolviera hace muchos años, pero se ha dado largo. Han pasado muchos gobiernos", apuntó. Mientras AI consideró en un comunicado difundido en Santo Domingo que la sentencia debe incentivar a las autoridades locales a investigar todos los casos de desaparición forzada.
La investigadora de AI para el Caribe, Chiara Liguori, señaló que "un buen primer paso hacia la justicia" en la nación "sería el cumplimiento eficaz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Narciso González Medina y el inicio de investigaciones en todos los otros casos de desapariciones".
La entidad subrayó que ha documentado dos casos recientes de posibles desapariciones forzadas en la nación, en las cuales las víctimas fueron vistas por última vez bajo custodia policial.
Se trata de Gabriel Sandi Alistar y Juan Almonte Herrera, que desaparecieron el 23 de julio 2009 y el 28 de septiembre de ese mismo año, respectivamente, y quienes eran sospechosos de haber participado en dos secuestros.
La Policía Nacional niega haber detenido a Juan Almonte Herrera, pese a que testigos declaran lo contrario, señaló el organismo.
En el caso de Alistar, la Policía reconoció que fue detenido, pero afirma que se escapó cuando estaba bajo custodia, agregó AI. EFE
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