Fuente, http://www.espacinsular.org/
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Algunos vestidos de blanco y encadenados explicaron que hace 7 años la Junta Central Electoral busca despojarlos de su nacionalidad al suspender la emisión de sus copias de actas de nacimiento, escudándose en la Resolución-12 (R12) medida que no tiene carácter legal y es discriminatoria ya que sólo es aplicada a hijos/as de padres haitianos y no así a los/as descendientes de españoles, franceses, italianos o chinos en el país.
“Frente a la casa de Gobierno hoy exigimos que el presidente, este 16 de agosto, se pronuncie entorno“ a la problemática por la que atraviesan los/as dominicanos/as de ascendencia haitiana, “ya que dicha medida troncha nuestro futuro y el de nuestros hijos”, dijo el vocero del movimiento.
Cuentan los afectados que, desde el 2007, han realizado acciones para visibilizar su situación a través de material educativo que contiene datos estadísticos, legales y consecuencias emocionales; han realizado marchas, han tenido reuniones con comisiones de la Cámara de Diputados, han ganando sentencias de los tribunales que han sido desacatadas por la Junta Central Electoral y llevar el caso a instancias internacionales que defienden los derechos humanos. Todo esto sin tener, hasta el momento, una respuesta o solución de parte del Estado.
Por otrolado, los afectados por la resolución cuestionaron el informe dado a conocer por la Comisión de la Cámara de Diputados que investigó el conflicto a lo interno de la Junta Central Electoral, por entender que no revela faltas graves en las que ha incurrido la Institución en torno a los dominicanos/as de ascendencia haitiana.
Dichos afectados piensan que el abordaje y objetivo de la investigación fue incorrecto, ya que no se trata de "Hijos de extranjeros no residentes en la República Dominicana" sino “de la suspensión de duplicados de actas de nacimiento y documentos de identidad a dominicanos/as de origen haitiano”, documentos que fueron registrados e instrumentados conforme a las normas vigentes en el país.
Ellos también explican que dicha Comisión no tomó en cuenta la opinión de la sociedad civil en el proceso de investigación, a pesar de que las organizaciones solicitaron su inclusión con antelación, e incluso apuntan que el informe limita el problema a un universo de 22 mil afectados/as. Y termina recomendando que la solución a este problema es dar respuesta a ése número de personas, cuando en realidad se trata de algo más profundo.
Así mismo, destacaron que les preocupa la rapidez con que fue aprobado el informe en la Cámara de Diputados, cuando existía una petición de una legisladora para estudiarlo y discutirlo detalladamente en un próximo encuentro.
Finalmente, los afectados expresaron que viven en constante incertidumbre por la amenaza y riesgo de deportación a que están expuestos ya que se han producido casos de detención ilegal de miembros del movimiento RECONOCIDO y otros afectados/as por la R 12 por parte de la Dirección General de Migración y la Policía Nacional, los cuales actúan amparados en criterios fenotípicos “parecer haitiano”, siendo ésta una práctica discriminatoria.
Por otro lado, el Movimiento informó que ya tienen recolectadas firmas en apoyo a la causa, para demandar que Danilo rompa el silencio. De no recibir respuesta, seguirán las manifestaciones cada día 12, hasta recibir una solución del Estado.
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