Una traba más para los pocos migrantes que tratan de regularizar su situación migratoria

¿Qué pasa cuando un migrante haitiano indocumentado saca su pasaporte para poner una visa y regularizarse?

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Un joven de nacionalidad haitiana, que vive en República Dominicana desde hace 10 años, decidió este año regularizar su situación migratoria en el país. Después de tramitar su acta de nacimiento y obtener su pasaporte, viajó a Haití para ponerle la visa y volver a entrar al país con todos sus documentos en regla, según lo establecido en la ley. El día 11 de septiembre, se presentó a la oficina de Migración de Dajabón, donde le pidieron pagar 2,500 pesos de multa; el fundamento de este cobro es que si su pasaporte tiene impreso que fue hecho en República Dominicana, el tuvo que estar en el país irregularmente en el pasado y por esto se le cobra este monto relativo a una estadía irregular de una duración que no puede cuantificarse.

Este cobro se enmarca en un memorándum que, en el 2012, amplió el cobro para estadías irregulares a los puestos fronterizos terrestres. Anteriormente este cobro se hacía solamente a los turistas que sobrepasaban los tres meses que su visa les permitía en el país.

Como este joven hay otros migrantes que, en la espera del Plan de Regularización previsto por la Ley de Migración, tratan de regularizar su situación migratoria y se encuentran con las trabas que le ponen las autoridades.

El procedimiento para regularizarse prevé que cada migrante tiene que pagar 80 dólares para su pasaporte al Estado Haitiano, después tiene que comprar una visa y, ya que en República Dominicana no existe visa de trabajo, la única que puede adquirir es una Visa de Negocios con fines Laborales (NM1), por un costo de US$ 180, más US$ 25 de sello de ingreso al país. Esta visa, aunque no es conforme con la tipología del migrante que vive establemente en República Dominicana, es la única disponible. Cabe resaltar que esta visa no da al migrante la posibilidad de inscribirse a la seguridad social y tampoco le permite estadías de más de 30 días, teniendo con el resultado que el migrante tenga que pagar un sello de entrada mensual o 800 pesos de multa por cada mes del año. El migrante haitiano podría optar por solicitar permiso de residencia en la República Dominicana, pero no tiene la capacidad económica para hacerlo, y aunque la solicite es costumbre que la Dirección General de Migración rechace las solicitudes de los migrantes haitianos.

Aunque se puede entender que hay algún fundamento legal en estos cobros, surge una pregunta para las autoridades migratorias: ¿El objetivo de su institución es favorecer la regularidad migratoria o ponerle trabas a los migrantes haitianos (solamente a ellos) para mantener la irregularidad de estas personas?