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| Dominicanas y dominicanos de ascendencia haitiana. Ariel Díaz-Alejo / Acento.com.do |
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a mediados de diciembre se contabilizaban 275 abatidos por agentes de la uniformada, en lo que las autoridades llaman ahora “acciones legales”.
SANTO DOMINGO. República Dominicana.–En materia de Derechos Humanos,en 2014 República Dominicana seguirá confrontando las consecuencias negativas que acarrea –en el ámbito jurídico y diplomático– el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que despoja de la nacionalidad a miles de hijos de inmigrantes haitianos que ya estaban asentados en los libros del Registro Civil.
Varios organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Comunidad del Caribe (Caricom), deploran la sentencia TC/0168/13, del 23 de septiembre, al conocer un recurso de amparo de Juliana Deguis Pierre.
La decisión traerá sin dudas nuevos cuestionamientos en informes como el que da a conocer el Departamento de Estado de Estados Unidos –como se percibe en las declaraciones que adelantó su portavoz adjunta Marie Harf– o los de Amnistía Internacional.
La organización con sede en Inglaterra y el estamento del gobierno estadounidense cuestionan desde hace varios años el uso excesivo de la fuerza policial y los denominados “intercambios de disparos” que los organismos de Derechos Humanos califican de “ejecuciones extrajudiciales”.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a mediados de diciembre se contabilizaban 275 abatidos por agentes de la uniformada, en lo que las autoridades llaman ahora “acciones legales”.
“Con el agravante –apunta su presidente, Manuel María Mercedes– de que el 75% al 85% son ejecuciones extrajudiciales contra personas ya estaban sometidas a la obediencia civil”.
“También cuentan entre los caídos a causa de la violencia unos 55 policías y militares, algunos de ellos en situaciones dudosas que la propia Policía no ha aclarado”, indica Mercedes.
Las cifras de la Procuraduría General son más conservadoras. Apuntan a que entre enero y julio de 2013 los abatidos por agentes del orden sumaron 89, incluyendo cuatro a manos de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
“El país mantiene el problema de la seguridad ciudadana y las ejecuciones extrajudiciales. Ya tenemos 15 casos de ejecuciones extrajudiciales que están documentados y que serán notificados a Amnistía Internacional y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos”, apunta Mercedes.
El peso de la sentencia. Pero, sin dudas, el tema más neurálgico gira en torno a la sentencia del TC que afectó a Deguis Pierre y a miles de ciudadanos de ascendencia haitiana. “Vamos a solicitar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que acoja la admisibilidad del expediente de Juliana y otras 95 personas, que está pendiente de decisión, y que dichos casos sean tramitados ante la Corte Interamericana de derechos Humanos (Corte IDH)”, explica el abogado Manuel Dandré, del Movimiento Socio-Cultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA).
Dandrérecuerda que el 14 de enero continuará el conocimiento de la audiencia sobre una demanda de nulidad del acta de nacimiento de Juliana iniciada el pasado 18 de noviembre por la JCE en representación del Estado dominicano.
Por otro lado, indica, “seguiremos el curso de las medidas cautelares (MC/279/12) otorgadas el pasado 10 de junio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de las cuales Juliana es beneficiaria”.
El MOSCTHA también trabajará en el seguimiento a los casos que fueron presentados a la misión de la CIDH que condujo la visita “in loco” al país entre el 2y el 5 de diciembre de 2013.
La misión,encabezada por José de Jesús Orozco Henríquez, advirtió al Gobierno que no puede exigir a “los desnacionalizados” por la citada sentencia que se registren como extranjeros ante la Dirección General de Migración por el hecho de que sus padres fueran indocumentados. La misión escuchó denuncias de supuestas violaciones de derechos humanos de 3,994 personas que “se acercaron a presentar testimonios, denuncias y comunicaciones”.
Pero el Gobierno persiste en la aplicación de un “Plan nacional de regularización de extranjeros” que contempla a los descendientes de inmigrantes haitianos indocumentados como extranjeros, aunque hayan nacido en suelo dominicano hace más de tres décadas y no mantengan vínculos directos con Haití más que el ancestral, como sucede con Deguis Pierre.
El director de Migración, José Ricardo Taveras, asegura que los detalles del citado proyecto de regularización de extranjeros deben ser difundidos por el Ministerio de Interior y Policía. Sin embargo, el vocero de esa dependencia, el periodista Lauterio Vargas, confiesa que tampoco tiene mucha idea del curso que seguirá el plan. “Eso se maneja directamente desde el Palacio”, dice.
El director del Centro Bonó, Roque Féliz, considera que uno de los retos fundamentales del Gobierno en 2014 será la implementación de un plan de regularización de extranjeros que “sea razonable y justo”. Entiende que debe crear mecanismos que permitan a los empresarios manejar contingentes de trabajadores en el sector de la construcción, en el turismo o la agricultura con el debido respeto a los derechos de la personas.
Féliz confía en que para 2014 los diferentes actores políticos tomen en cuenta el espíritu de lo convenido en el marco de los tratados internacionales de Derechos Humanos.
En ese sentido,espera que “se preste una especial atención a las implicaciones que tiene la sentencia que el Tribunal Constitucional ha emitido con relación a derechos fundamentales de dominicanos que podrían ser desnacionalizados por la aplicación de una política contraria al espíritu de nuestra Constitución y los convenios internacionales, como la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y el Pacto de San José”.
También aboga porque los sectores nacionalistas, los estamentos del Estado y la sociedad en sentido general, asuman con mayor tolerancia y respeto el trabajo de las personas que promueven la defensa de los derechos humanos para evitar el resurgimiento de amenazas como las que se dieron en 2013 contra algunos comunicadores sociales.
Otros aspectos de derechos humanos que preocupan al director del Centro Bonó son los feminicidios, los casos de pedofilia que se dan en la sociedad dominicana, el comercio sexual con menores. En ese sentido, entiende que la Procuraduría General tiene el reto de fortalecer sus políticas para evitar y combatir esos males.
Hasta el pasado 25 de noviembre, y según la Procuraduría, habían sido asesinadas 112 mujeres en el transcurso del año, 54 de ellas a manos de su pareja o ex parejas. Para esa fecha la Colectiva Mujer y Salud situaba el número de víctimas en 126.
En 2012 se registraron 103 feminicidios y en 2011 un total de 128, según la Procuraduría, que en primeros nueve meses del año 2013 registró un total de 45,541 denuncias de violencia de género e intrafamiliar.
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