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| Desir recibe su "residencia" de parte de Ricardo Taveras. Acento.com.do/Archivo |
Al anunciar que la empleada de un hotel de la capital se acogía de manera voluntaria al Plan de Regularización de Extranjeros, el organismo que preside Roberto Rosario quiso apaciguar la presión nacional e internacional que pesa sobre República Dominicana por la sentencia que desnacionaliza a miles de personas asentadas en el Registro Civil
SANTO DOMINGO, República Dominicana.–La Junta Central Electoral (JCE) maneja como un caso estratégico de comunicación y propaganda el proceso legal de Marie Desir, la señora de ascendencia haitiana que, según el organismo, “se acogió” de manera voluntaria al Plan de Regularización de Extranjeros contemplado en la Ley General de Migración.
La regularización “express” de Desir, de 37 años de edad, genera cuestionamientos y contradicciones legales difíciles de aclarar debido a la apatía de las entidades vinculadas al proceso.
El anuncio de la decisión de Desir se produjo en la JCE el 28 de octubre pasado. La presencia del director general de Migración, Ricardo Taveras, entregándole un carnet selló el momento como un acto propagandístico.
Para entonces se producían los mayores cuestionamientos en el plano local e internacional, contra la sentencia número 168/2013, con la que los jueces del Tribunal Constitucional, encabezados por Milton Ray Guevara, despojan de la nacionalidad dominicana a Juliana Deguis Pierre y a miles de hijos de inmigrantes haitianos que ya tenían ese derecho y, por lo tanto, están asentados en el Registro Civil.
Con el caso, la JCE presidida por Roberto Rosario, al parecer trató de disminuir la presión internacional y, al mismo tiempo, contribuir a que más personas afectadas por la sentencia siguieran los pasos de Desiry asumieran como una realidad irrevocable el dictamen de la sentencia.
“Está renunciando a una nacionalidad con derechos plenos para convertirse en una ciudadana con restricción en sus derechos,sobre todo políticos”
Acento.com quiso entrevistar a Desir para conocer el estatus de su proceso de “legalización”, pero el Hotel Crowne Plaza Santo Domingo, para el cual labora desde hace varios años, informó que “la entrevista se debe gestionar por la JCE”.
“Ella no está autorizada a ofrecer entrevistas”, dijo Venus Balbuena, ejecutiva del Crowne Plaza.
Acento.com también solicitó información sobre el caso de Desir a la JCE e insistió infructuosamente con suDepartamento de Prensa.El día 2 de enero este portal pidió a la Oficina de Acceso a la Información Pública, mediante la creación de la orden digital 0002738 a través del portal Web de la JCE: 1) copia del censo de extranjeros, 2) copia del expediente de regularización de la señora Marie Desir y 3) información estadísticas del Libro de Extranjería.
Cinco días después el empleado de la JCE, Hilario Liberato Reyes Espejo, quien se identificó como “operador” notificó queen la Oficina de Acceso a la Información cerró la petición: “Buenos días. Lamentablemente no poseemos esa información. Debe dirigirse a la Dirección General de Migración, que son quienes manejan el plan de regularización de extranjeros”, respondió.
Pero tampoco Migración quiso ofrecer detalles del expediente de Desir. El organismo informó, a través de su encardo de prensa, el periodista Ambiorix Rosario, que no puede informar sobre el caso, “salvo autorización expresa por escrito” de la titular del proceso.
En resumen, el caso parece formar parte de un expediente secreto manejado directamente por la JCE.
Ambiorix Rosario sostuvo además que el Decreto 327-13, dictado por el presidente Danilo Medina, “se encuentra en fase de preparación y organización operativa y financiera y de acuerdo a su contenido será puesto en ejecución a partir del mes de mayo del presente año, razón por la cual un ciudadano no podrá acogerse al mismo hasta tanto sea abierto el plazo para dichos fines”.
Recordó que el Ministerio de Interior y Policía será el órgano rector del plan. Pero, al igual que la JCE y Migración, la dependencia que encabeza José Ramón (Monchy) Fadul, tiene poco interés en ofrecer detalles sobre el proceso que se sigue a Desir.
Para Noemí Méndez, abogada del Centro Bonó y asesora del grupo Reconoci.do, la señora Desir forma parte de un complejo mundo de contradicciones en el que la JCE vuelve a incurrir en serias violaciones a las leyes vigentes.
“Lo primero es que Marie Desir se acoge a un plan que por naturaleza debe estar concebido para extranjeros, auto-declara que su registro de nacimiento fue irregular, ningún tribunal ha dictado sentencia al respecto, ni siquiera tenemos la certeza que se ha iniciado un proceso de nulidad de su acta de nacimiento”, dice.
Insiste en que ni la Resolución número 12, dictada por la JCE para negar duplicados de actas de nacimiento a hijos de inmigrantes, ni la sentencia del Tribunal Constitucional pueden anular un documento de esa naturaleza, ni siquiera suspenderlo.
Recuerda que esa facultad recae sobre un tribunal civil ordinario, al conocer una demanda en nulidad de acta de nacimiento, como lo ratificaron varias cortes al conocer recursos de amparo de descendientes de inmigrantes haitianos. En ese sentido, apunta que para anular el documento la JCE debe agotar el proceso y haber obtenido una sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia, con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
Méndez lamenta quela señora Desir“renuncie” a la nacionalidad dominicana para ser naturalizada. “Está renunciando a una nacionalidad con derechos plenos para convertirse en una ciudadana con restricción en sus derechos,sobre todo políticos”, insiste.
Advierte que para revocar un acta la JCE debe presentar a los tribunales las pruebas que lo llevan a demandar la nulidad, “que de ninguna manera puede ser que los padres de la persona declarada sean inmigrantes sin situación regular, sobre todo si en el momento que nacieron esa disposición no existía”.
“Hasta enero de 2010 el constituyente dominicano no condicionó el Jussolis a la legalidad de los padres”, dice. Añade que “la Ley de Migración que equipara tránsito a ilegalidad de 2004, no se le puede aplicar a nadie que haya nacido antes de esa fecha”.
Estrategia de Rosario
Para bajar la presión generada por la sentencia, la JCE también apresuró la realización de la auditoría a los libros del Registro Civil que abarcó 78 años, desde 1929hasta 2007, ordenada por el Tribunal Constitucional. Llamó la atención la premura con que se realizó el inventario y los bajos niveles de ilegalidad (según la JCE) que detectó.
Roberto Rosario informó que en ocho días de trabajo la JCE inventarió 60 mil libros del Registro Civil y sólo identificó 53,847 hijos de padres o madres extranjeros, de los cuales 29,455 –incluyendo 22,689 descendientes de haitianos–fueron asentados conforme a las leyes vigentes.
Del resto, 4,859 fueron inscritos con fichas; 5, 296 con pasaportes y 14,237 con otro o ningún documento.
De 24,392 personas registradas con un documento inválido, sólo 13,672 corresponden a hijos de nacionales haitianos no residentes.
Los datos ofrecidos por Roberto Rosario podrían llevar a cualquiera a preguntarse por qué República Dominicana se expuso a cuestionamientos internacionales y a una eventual condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por un problema de 13,672 personas.
La explicación podría apuntar a que el inventario obvió a muchos hijos de inmigrantes haitianos. De hecho, Eddy Olivares, miembro de la JCE, sugirió la idea de que Roberto Rosario trató de crear confusión conlos resultados de la auditoría.
“Se trató de proyectar la idea a la opinión pública de que ese era el levantamiento, que eficientemente se hizo en ocho días”, dijo Olivares durante una comparecencia en la televisión.
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