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| Embajadora Radhys Abreu defendió al Estado dominicano. Foto cortesía del Ministerio de Relaciones Exteriores. |
El Estado dominicano expresó hoy en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su preocupación por las reiteradas convocatorias a audiencias para abordar el tema del derecho a la nacionalidad del país y, además, consideró que ya ha sido "suficientemente debatido"
WASHINGTON, Estados Unidos (EFE y otros servicios de Acento.com.do).- Organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres denunciaron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en Washington (EEUU), que el Gobierno dominicano ha despojado de la nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia extranjera, sobre todo descendientes de haitianos, por la sentencia 168 del Tribunal Constitucional, al tiempo que descuida las políticas y programas de protección de la mujer frente a la violencia de género.
En la sesión se denunció que la dominicana Juliana Deguis, una de las afectadas por el despojo de la nacionalidad en virtud de la sentencia TC 168, fue impedida de estar presente en la sesión de la CIDH, como parte importante en las denuncias contra República Dominicana. El hecho fue criticado por los miembros de la CIDH.
En Santo Domingo, abogados del Centro Bonó y del Movimiento Reconoci.do, que siguieron la audiencia desde la capital dominicana y fueron entrevistados por periodistas de la agencia EFE, opinaron que el Estado dominicano hizo un "triste" papel en la misma y añadieron que están preocupados por el hecho de que, en su opinión, el Estado se está alejando de la Justicia y del Derecho.
Las mujeres en la sesión
Las dirigentes de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres denunciaron el descuido del Estado dominicano en prestar auxilio y protección a las mujeres que denuncian violencia y amenaza de muerte de parte de los hombres.
Sergia Galván, una de las dirigentes feministas que presentó las denuncias, citó el caso de Miguelina Altagracia Martínez, mujer que fue asesinada de 25 puñaladas por su pareja en Santiago, en septiembre de 2012, luego de haber denunciado a su agresor en 18 ocasiones en el Palacio de Justicia, sin que las autoridades le dieran protección, según ella misma había declarado a la televisión.
Las feministas también denunciaron que le TC 168 afecta de manera muy negativa a las mujeres, con un impacto diferenciado y desproporcional en las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana.
“De acuerdo con la información recibida, las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana que acuden a un centro de salud durante el parto, se exponen a que el personal médico inquiera sobre sus documentos de identidad y a que sus hijos e hijas sean excluidos de recibir la nacionalidad, les interroguen sobre su origen o el de sus padres, o que simplemente asuman que la mujer no es dominicana, basándose en estereotipos sobre su acento, nombre y color de piel”, precisaron las feministas.
El Estado dominicano se defiende
Por su lado, el Estado dominicano expresó hoy en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su preocupación por las reiteradas convocatorias a audiencias para abordar el tema del derecho a la nacionalidad del país y, además, consideró que ya ha sido "suficientemente debatido".
Según informó el Ministerio de Exteriores mediante un comunicado, la República Dominicana se manifestó así durante la audiencia sobre la situación del derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana convocada por la CIDH.
A su vez, abogaron por un diálogo entre las partes.
Un fallo del Tribunal Constitucional dominicano emitido en septiembre establece los criterios para adquirir la nacionalidad dominicana, y afecta en gran parte a los descendientes de haitianos residentes en el país, muchos de ellos sin los documentos en regla.
Esta sentencia fue criticada por la CIDH, para quien el fallo "tiene un efecto discriminatorio".
La embajadora Radhys Abreu de Polanco, quien representó a la República Dominicana en la audiencia recordó que el organismo interamericano realizó en diciembre de 2013, hace apenas tres meses, una visita al país en la cual tuvo la oportunidad de tratar de manera directa, con todos los actores, los temas que fueron ventilados en esa audiencia.
Asimismo, precisó que aún la CIDH tiene pendiente rendir el informe correspondiente para que el Estado pueda formular observaciones.
Durante la visita de la CIDH al país, 3.994 personas prestaron testimonios, denuncias y comunicaciones y el presidente de la Comisión Interamericana manifestó que recibieron "información preocupante" sobre graves vulneraciones al derecho a la nacionalidad, la identidad y la igualdad ante la ley.
Durante esta audiencia, Abreu de Polanco explicó que en noviembre de 2013, la Junta Central Electoral escrutó los registros de nacimientos de hijos de padres extranjeros, evidenciándose que personas de 117 nacionalidades habían registrado los nacimientos de sus hijos entre 1929 y 2007.
Asimismo, expuso que "los libros fueron escrutados teniendo en cuenta los criterios legales relativos al régimen de adquisición de la nacionalidad dominicana, establecidos en las interpretaciones realizadas por la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional".
Por otro lado, la embajadora Abreu aclaró que el Código Laboral Dominicano aplica sanciones para trabajadores nacionales y migrantes sin restricción alguna y cuando los derechos laborales les son afectados pueden proceder ante el Ministerio de Trabajo o ante los tribunales laborales de la República Dominicana.
Puntualizó que la Ley General de Migración y su Reglamento de Aplicación contemplan reglas específicas en cuanto al estatus de los trabajadores migrantes en la República Dominicana y protege su derecho a no ser discriminados, a la vez que protege la soberanía nacional.
En este sentido, apuntó que el país, a través del Ministerio de Trabajo, ha realizado esfuerzos para proteger y erradicar cualquier violación a los derechos laborales de los trabajadores inmigrantes, especialmente a los trabajadores haitianos, designando a una persona que sirve de enlace entre el sector empleador y los inmigrantes".
En cuanto a la audiencia relativa a la situación de los derechos humanos de la mujer, Radhys Abreu de Polanco enfatizó que en 1997, en la República Dominicana se institucionalizó una política pública dirigida a prevenir, prestar servicios de atención y sancionar la violencia contra la mujer.
"Desde esa fecha se han creado leyes, normativas, mecanismos, políticas, instrumentos y programas en los poderes del Estado Dominicano para la atención integral de esta problemática", detalló.
Entre los mecanismos creados citó al Ministerio de la Mujer; la Procuraduría Adjunta de la Mujer; Unidades de Atención Integral a la Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar o las oficinas provinciales y municipales de la mujer;
En relación a la violencia contra las mujeres, aseguró que este aspecto constituye uno de los principales retos para la política pública de género en la República Dominicana y aseguró que se observa una tendencia a la reducción de los feminicidios, registrándose 233 en el 2011, 196 en 2012 y 160 en 2013", concluyó. (EFE y otros servicios de Acento.com.do)
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