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| Juliana Deguis. |
Critica que el tribunal decidió ignorar el hecho de que la Constitución actual, que le quitó el derecho de nacimiento, también establece que las disposiciones constitucionales no deben aplicarse de manera retroactiva
REDACCIÓN.-La experta en asuntos en el problema mundial de la apatridia Julia Harrington Reddy afirmó que la negativa del Estado dominicano a dotar de pasaporte a la ciudadana Juliana Deguis y a permitirle viajar fuera del país, confirma que la Sentencia 168 del Tribunal Constitucional ha creado un problema de apatridia en la República Dominicana.
Harrington Reddy, que trabaja en la institución Open Society, escribió un artículo para el periódico Miami Herald sobre el caso de Juliana Deguis, bajo el títuloSentencia dominicana súbitamente deja varados a los apátridas.
“El Tribunal Constitucional decidió ignorar el nítido diáfano lenguaje de la constitución que estaba en vigor cuando nació Juliana, que indica con toda claridad que los niños nacidos en la República Dominicana tienen derecho a la ciudadanía”, observa.
Critica que el tribunal decidió ignorar el hecho de que la Constitución actual, que le quitó el derecho de nacimiento, también establece que las disposiciones constitucionales no deben aplicarse de manera retroactiva. En cambio, el Tribunal Constitucional dominicano se ganó el derecho a ser llamado el Tribunal in-Constitucional.
“Lo hizo mediante la emisión de una orden de sentencia en septiembre del año pasado que dejaría a miles de dominicanos -al hacerlos ex dominicanos- apátridas”.
A continuación el artículo en una traducción libre:
Sentencia dominicana súbitamente deja varados a los apátridas
El domingo pasado, Juliana Delguis Pierre fue al aeropuerto de Santo Domingo para tomar un vuelo a hacia EE.UU., pero nunca lo abordó. El visado de EE.UU. no fue la causa: Ella tenía un documento de viaje expedido por el Departamento de Estado de EE.UU. No. Fue la autoridad de Inmigración dominicana quien la detuvo, porque no tenía pasaporte. Ningún pasaporte.
Desde septiembre, el estatus de Juliana ha sido objeto de interés internacional, porque por la falta de pasaporte no es sólo su problema personal exclusivo. Su situación la comparten miles, tal vez cientos de miles, de dominicanos. O por lo menos, las personas nacidas en la República Dominicana que tenían los documentos de nacionalidad dominicana, que creían que eran dominicanos y que vivían sus vidas como dominicanos, hasta hace seis meses.
La República Dominicana se convertirá en una gran prisión para aquellos que no pueden ejercer ningún derecho, ni siquiera el derecho a salir del país
Fue entonces cuando el Tribunal Constitucional Dominicana dictaminó que todo había sido un error: en el caso de Juliana, y en el de cualquier otra persona nacida en la República Dominicana que no pudiera presentar prueba documental de que sus padres eran residentes legales en la República Dominicana en el momento en que ellos, los niños, nacieron.
Al igual que un pecado bíblico, las consecuencias de dicha irregularidad, según el Tribunal Constitucional, se repetirán con cada nueva generación.
El Tribunal Constitucional decidió ignorar el nítido diáfano lenguaje de la constitución que estaba en vigor cuando nació Juliana, que indica con toda claridad que los niños nacidos en la República Dominicana tienen derecho a la ciudadanía.
El tribunal decidió ignorar el hecho de que la Constitución actual, que le quitó el derecho de nacimiento, también establece que las disposiciones constitucionales no deben aplicarse de manera retroactiva. En cambio, el Tribunal Constitucional dominicano se ganó el derecho a ser llamado el Tribunal in-Constitucional.
Lo hizo mediante la emisión de una orden de sentencia en septiembre del año pasado que dejaría a miles de dominicanos -al hacerlos ex dominicanos- apátridas.
La gran mayoría de los afectados son, por supuesto, de ascendencia haitiana, quienes no tienen el derecho automático a reclamar la ciudadanía haitiana porque nacieron -sí, nacieron- en República Dominicana, y muchos mantenían la residencia dominicana.
Crear apatridia, por cierto, también es contrario al derecho internacional, y engendra un gran inconveniente para las personas afectadas, en caso de que desearan trabajar, estudiar, casarse o tener hijos propios -por no hablar de viajar a Washington para una reunión sobre derechos humanos.
Ha habido confusión sobre cómo, de manera precisa, se pondrá en práctica la sentencia, y lo que significará en los hechos.
Porque, ¿qué significaría que cada residente nacido aquí en EE.UU. que tenía un antepasado inmigrante indocumentado fuera desnacionalizado hoy? Sí, es difícil imaginar el caos económico, social y político que se produciría, la objeción (con consecuencias de vida-y-muerte) sobre si los afroamericanos estaban documentados o indocumentados. (Por cierto, muchos inmigrantes procedentes de Haití y República Dominicana fueron traídos como mano de obra esclava para cortar caña de azúcar. Ellos nunca fueron documentados por sus empleadores, ni se les dio documentación que no se reconoce, ahora, como prueba válida de residencia legal Dominicana.)
Con la negativa a que Juliana se embarcara en su vuelo, las cosas se están volviendo un poco más claras, y no se ven bien.
El presidente Medina ha aceptado, en principio, (con la magnanimidad y el pragmatismo que el Tribunal Constitucional no mostró) que los nacidos en República Dominicana deben ser tratados de manera diferente de los que en realidad emigraron allí, pero la ley ansiosamente esperada que “naturalizará” a las personas afectadas por la sentencia, no se ha promulgado.
El gobierno de EE.UU., mediante la emisión de un documento de viaje Juliana, ha reconocido que los afectados por la sentencia son apátridas. Al negarse a dejar que Juliana saliera del país por falta de un pasaporte, la República Dominicana está confirmando que este es el caso, y a la vez, mostrando tal cómo es la sombría realidad de la apatridia.
La República Dominicana se convertirá en una gran prisión para aquellos que no pueden ejercer ningún derecho, ni siquiera el derecho a salir del país.
*Julia Harrington Reddy trabaja sobre el problema mundial de la apatridia en la Open Society Justice Initiative, en Nueva York.
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