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| Huchi Lora, acompañado de abogados Archivo/ Acento.com.do |
Este mes está prevista una visita a la República Dominicana del vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien se reunirá con el presidente de la República, Danilo Medina, y con altos funcionarios de su administración.
Fuente, http://www.acento.com.do/
SANTO DOMINGO, República Dominicana. El informe del Departamento de Estado, de Estados Unidos, sobre los derechos humanos en la República Dominicana dice que existe libertad de expresión, pero que durante el 2013 hubo varios incidentes que empañaron el libre ejercicio de los periodistas o de periodistas y medios en particular.
El ministerio de Relaciones Exteriores del país, a través de una declaración escrita, dijo que ese informe es un “copy and paste”, y que carece de valor para las autoridades dominicanas.
Este mes está prevista una visita a la República Dominicana del vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien se reunirá con el presidente de la República, Danilo Medina, y con altos funcionarios de su administración.
Vea a continuación la parte del informe sobre las libertades de expresión, pública, religiosa, entre otras:
Sección 2 . Respeto por las libertades civiles, incluyendo:
a . Libertad de Expresión y de Prensa
La Constitución establece la libertad de expresión y de prensa, y el gobierno en general respetó estos derechos.
La libertad de prensa: Los medios independientes se mantuvieron activos y expresaron una amplia variedad de puntos de vista sin restricción. Los individuos y grupos en general pudieron criticar al gobierno públicamente y en privado sin represalias, aunque hubo varios incidentes en los que las autoridades intimidan a los periodistas u otros profesionales de la información.
Violencia y Acoso: Los periodistas y otras personas que trabajaban en los medios de comunicación a menudo fueron acosados y agredidos físicamente.
El 11 de abril, las autoridades de la Policía Nacional y militares amenazaron al periodista Marcelo Contreras con una pistola mientras filmaba policías locales desalojando a los ocupantes ilegales que se asentaron en tierras de cultivo de Los Limones, cerca de la norteña ciudad costera de Nagua. El director delegado para el desalojo se acercó a Contreras, le exigió que dejara de grabación, confiscó su cámara, y lo arrestó. Se informó que el jefe del destacamento aconsejó Contreras que no hablara de lo que había sucedido. La policía comenzó una investigación, pero no se reportaron resultados.
En agosto, una fuente de la agencia de noticias EFE informó que dos generales de la policía presuntamente planeaban secuestrar y matar a Fausto Rosario Adames, director del diario en línea acento.com.do. Ese mismo mes, los periodistas del Colegio Dominicano de Periodistas y el Sindicato Nacional de Periodistas enviaron una carta al Presidente Medina para solicitar una investigación sobre el caso. Posteriormente, el presidente Medina ordenó la Procuraduría General de la Nación realizar una investigación.
El 2 de septiembre, la policía local amenazó verbalmente al periodista Ramón Benzan del sitio de medios digitales en línea Ciudadoriental.org y a un fotógrafo del periódico Hoy, mientras intentaban fotografiar a un ciudadano dominicano de ser arrestado.
Restricciones o censura de contenido: La Constitución establece la protección completa de la confidencialidad de las fuentes periodísticas e incluye una “cláusula de conciencia”, permitiendo que los periodistas se nieguen a asignaciones. Sin embargo, los periodistas seguían practicando la autocensura, particularmente cuando la cobertura podría afectar negativamente a los intereses económicos o políticos de los dueños de los medios.
El 9 de octubre, dos periodistas de la revista La Lupa, Nicanor Leyba y Mercedes González, fueron llamados a una audiencia en el Senado para ser interrogado sobre dos artículos que imputaban actos de corrupción por el senador Félix Bautista. El artículo publicado por González acusó a la Oficina de Supervisión de Ingenieros de Obras Públicas de inflar el costo de construcción de las cárceles públicas; el senador Bautista era el encargado de la oficina cuando se construyeron las cárceles. El Senado interrogó a los periodistas acerca de sus fuentes y métodos de investigación.
Las leyes de difamación / seguridad nacional: En 2012 un tribunal de Nagua condenó al periodista Johnny Alberto Salazar a seis meses de cárcel y una multa de indemnización de un millón de pesos (aproximadamente US$23,600 ) por difamación y calumnia. Los cargos se derivaron de observaciones emitidas al aire de Salazar acusando a Pedro Baldera, un funcionario local, de “proteger delincuentes vinculadas al crimen organizado”. Salazar, elegido miembro del consejo y crítico local muy conocido, dijo antes de su detención que había recibido amenazas del gobierno por su crítica a los funcionarios. En junio de 2012 un tribunal de apelaciones rechazó la decisión, lo que habría sido la primera vez que las leyes de difamación penal del país llevaron al encarcelamiento de un periodista por actividades profesionales. La fiscalía pidió una condena de un año y una multa de 4,675 millones de pesos, pero el caso seguía pendiente.
Libertad en Internet
No hubo restricciones gubernamentales sobre el acceso a Internet o informes creíbles de que el gobierno vigilara el correo electrónico o las salas de conversación de Internet sin autorización legal adecuada. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el 12% de los hogares tenía acceso a Internet en 2011, mientras que el 45% de los ciudadanos utilizaba el Internet en 2012.
Libertad académica y eventos culturales
No hubo restricciones gubernamentales a la libertad académica o eventos culturales.
b . Libertad de reunión y de asociación pacíficas
La ley establece la libertad de reunión y de asociación, con algunas excepciones, y el gobierno generalmente respetó estos derechos.
Libertad de reunión
La ley establece la libertad de reunión, pero las marchas y reuniones públicas requieren permisos, que normalmente concede el gobierno. En varias ocasiones, los agentes de policía utilizaron la fuerza para disolver manifestaciones y mató o hirió a manifestantes o transeúntes.
El 9 de octubre, la prensa informó de un violento enfrentamiento entre la policía y manifestantes durante una huelga de 24 horas en Santiago. Los manifestantes en la provincia de Navarrete pedían mejoras en la infraestructura, el suministro de electricidad y agua potable para su comunidad. Dos personas resultaron heridas durante el enfrentamiento.
La audiencia preliminar en relación con la presunta participación del capitán Santo León Genao en el tiroteo de 2012 que provocó la muerte de Johan José Medina durante una protesta en Cotui se retrasó de su fecha inicial de 8 de enero. El fiscal de distrito en Cotui informó que la familia de la víctima resolvió el caso fuera de los tribunales y retiró los cargos contra el oficial. En septiembre de 2012 la policía disparó contra un grupo que protestaba contra las actividades de La compañía minera de oro Barrick Gold, hiriendo a 37 civiles y cuatro periodistas que cubrían el evento. El jefe de la policía presentó de inmediato el caso al fiscal general para la investigación, destituyó al comandante regional coronel Miguel Ángel Menéndez y a un grupo de oficiales de rango medio involucrados en el incidente, y colocó el agente sospechoso de disparar contra civiles en reclusión preventiva a la espera de que el caso se presente ante los tribunales civiles.
Libertad de asociación
La ley establece la libertad de asociación, y el gobierno generalmente respetó este derecho.
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