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| Jenny nació en Dominicana, pero le niegan la nacionalidad Carmen Suárez/Acento.com.do |
Los jóvenes oriundos de Yamasá se mantienen atrapados entre la pobreza y la marginalidad, bajo la amenaza de perder su nacionalidad a causa del fallo del Tribunal Constitucional.
YAMASÁ, República Dominicana.- El 23 de septiembre del 2013, fue conocida la controversial sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, fallo dado a raíz de la solicitud de revisión de amparo incoada por Juliana Deguis Pierre, contra la Sentencia número 473/2012 dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, en fecha 10 de julio de 2012.
La decisión del TC sirvió como puente para extender el impacto de la sentencia a todas las personas nacidas en el territorio desde 1929, negando la nacionalidad a aquellos que tuvieran ascendencia extranjera (procedentes de Haití, mayormente) y cuyos padres estuvieran en estatus de “tránsito” al momento de ser declarados.
Tal es el caso de Jenny Salita Emanier, a quien le fue negada la entrega de su cédula por ser hija de madre haitiana. Aunque dice que su padre es dominicano, señala que su progenitor nunca tuvo cédula y por ello fue declarada con “fichas”.
Según la joven de 24 años y madre de una niña de tres, ha visto su vida trastornada a causa del fallo del Constitucional, debido a la negativa de entrarle el documento de identidad y electoral, lo que ha dejado sus anhelos en un “limbo”, que amenaza con mantenerla envuelta en la pobreza y la marginalidad palpable del Batey Los Jovillos, en Monte Plata.
“Tengo acta de nacimiento, pero no tengo cédula. Fui a solicitarla en el 2011 (a la Junta Central Electoral), cuando terminé el bachillerato, porque pensé que no tenía ningún inconveniente y ahí fue que descubrí que tenía ese problema. Cuando fui a solicitar a Yamasá, me dieron el papel de la cédula y todo fue normal. Pero cuando me citaron para ir a buscarla, me dijeron que no me la podían entregar porque mi madre es extranjera”, dice, frotando sus manos nerviosa por hablar ante las cámaras.
Sin rastros de creole en su hablar, explica que hasta la fecha no ha recibido ninguna información sobre si será o no entregado el documento, debido a que mantienen la posición de que su madre es extranjera y no tiene ningún tipo de documento que valide a Jenny como dominicana.
Aunque sonriente, refleja su preocupación sobre la extensión de sus problemas, los cuales son transmitidos a su hija de tres años, a quien no ha podido declarar por falta de la documentación necesaria.
“Mi temor es que no me entreguen la cédula y que la niña tenga que sufrir por lo mismo que estoy sufriendo, que ella tampoco podrá ir a la escuela o hacer el bachiller, porque no tiene ningún tipo de documento”.
Similar situación enfrenta Félix Callo Marcel, nacido en República Dominicana, hijo de inmigrantes haitianos que llegaron al país para trabajar en la industria azucarera.
Lo declararon con fichas, única documentación a la mano de los extranjeros, quienes en ese momento, gozaban de un permiso legal para residir en el país.
Según el abogado Genaro Rincón, unos 600 mil dominicanos de ascendencia extranjera, podrían ser afectados por el cambio de cédulas, ya que se teme que les pueda ser negada la renovación del documento.
Cuenta con timidez, que se dirigió a la JCE de Yamasá para solicitar dos partidas de nacimiento, las cuales serían utilizadas para su cedulación y para fines de estudios. Sin embargo, una de las actas le fue negada, supuestamente, por tener un error en el nombre del padre, por lo que le requirieron un plazo de tres días para su corrección.
Al transcurrir el período solicitado por las autoridades, se dirigió nuevamente a la oficina apostada en Yamasá, recibiendo una dura negativa por parte de los encargados.
“El tercer día no pude ir (a la JCE) porque estaba lloviendo mucho y la zona estaba inundada. Cuando pude llegar, le digo a una licenciada que fui a recoger un acta para fines de cédula. Me buscan y me dice la licenciada que no me van a dar el documento y me manda a una oficina. Al entrar, le digo a un licenciado que me dieron un plazo de tres días para retirar el acta con fines de cédula. Entonces me dijo que no tengo derecho a ningún documento, que me vaya, que no tiene nada que hablar conmigo”, según indica Félix, en palabras del encargado, porque sus padres son extranjeros.
“Ese día me sentí mal e incomodo”, continúa narrando. “Pasé casi todo el día para ver si me dan el acta y no me la dieron. Me pregunté qué iba a hacer, si ellos no me la quieren dar. Soy cristiano e iba reclamándole a Dios: Dios mío, ¡¿por qué me pasa esto?! Estaba mal en realidad. Llegué a mi casa y no le expliqué a mi mamá los problemas”, relata, a veces bajando la mirada apenado por la situación.
“Yo nací aquí y tengo derecho”.
Acompañado de una silla desaliñada, colocada en una breve galería con piso rústico, Félix relata cómo en octubre del 2013 fue víctima de discriminación racial al abordar un autobús que le transportaría de San Juan hacia Santo Domingo, durante una visita a la provincia, en una misión de la iglesia a la que asiste.
Según detalla, la persona con la que estaba, se vio en la necesidad de regresar de emergencia a la Capital, por lo que tuvo que emprender el viaje en su compañía, produciéndose una negativa al acceso de la “guagua” por parte del cobrador y el chofer del autobús.
“Cuando llegamos a la guagua, me dice el chofer que no me puedo subir. Cuando la persona que me acompañaba le pregunta por qué no me puedo subir, le dice que es porque soy negro".
Sin embargo, le fue permitido el ingreso, a cambio del pago de un soborno a los oficiales colocados en el kilometro 15 de la carretera que comunica a Azua con esa demarcación, consistente en 100 o 200 pesos, por recomendación del cobrador.
Actualmente, en Los Jovillos, existen cuatro sentencias del Tribunal Constitucional que niegan la expedición de la cédulas de identidad y electoral, entre las que se incluyen la de Juliana Deguis y Jenny Salita. Potencialmente, el fallo podría afectar a uno o más integrantes de las 310 familias que habitan la comunidad.
“Tenía como 80 pesos para llegar a mi casa. El cobrador me dijo que estábamos llegando al 15 de Azua y me dijo búscate lo que tengas para que te dejen pasar. Ese dinero era para pagar el metro y una guagua para llegar aquí. Al final, el cobrador se quedó con los cuartos”.
“En el 15 de Azua, los guardias hacen una revisión y si encuentran una persona que no es dominicana, el chofer y el cobrador se arriesgan a ser multados”, explica.
Igualmente, Jenny expresa su inconformidad y sufrimiento, nacida de la circunstancias, debido a la discriminación por el origen de sus familiares.
“He sentido mucho dolor. Yo nací aquí en República Dominicana. Tengo ese derecho de tener una cédula, como todos. No tiene que ver que mi madre sea haitiana. Yo nací aquí. No en Haití. Nunca he ido Haití ni sé dónde queda la frontera. El único viaje que he hecho es de Santo Domingo aquí a mi casa”, afirma, los ojos bien abiertos y con la voz matizada por la preocupación.
Vidas suspendidas.
Félix, comenta que encontró una propuesta de trabajo para ayudar a una persona que trabaja con personas discapacitadas y de la calle. Sin embargo, como tenía que mudarse del Batey y la escuela era un impedimento, dada la intención de concluir sus estudios, intentó escribirse en Santo Domingo.
“Antes de iniciar el año, hice todas las diligencias para inscribirme en PREPARA (Programa de Educación Media Semipresencial), pero debido a la falta de documentación no pude ser aceptado”, rememora Félix, quien vio marchita la oportunidad de poder desarrollarse fuera de su comunidad natal, la cual permanece cuasi aislada, mal comunicada por carretera pedregosa y maltrecha, única vía de transporte terrestre.
“Ahora estoy en tercero de bachiller. No me ha ido bien. Me he encontrado con muchos obstáculos. Estoy tratando de sacar una calificación nítida pa’ ver cuando termine el bachiller, a ver qué hacer. Quiero hacer el curso de locutor y trabajar en el área de la música”, explica.
Asimismo, angustiada por la incertidumbre legal en el que se encuentra, Jenny detalla que el acceso a un empleo que le permita asistir a su familia o sus anhelos de estudiar medicina, se han tronchado por la falta de cédula, debido a que, según dice “no aceptan a nadie para trabajar sin documentos”.
“Lo primero que le preguntan a uno es donde está su cédula, para sacarle una copia y poder trabajar”, señala, haciendo una pausa y mirando el jardín de polvo que se extiende frente a su hogar.
“Me siento muy mal porque mi mamá luchó mucho conmigo para que siguiera estudiando. Me apoyaba en todo. Yo quisiera que cuando tenga mis documentos pueda ayudarla, por lo menos por todo lo que ella me ha apoyado y mi padre también. En esta situación, me siento muy mal, verla y que no puedo ayudarla. Viendo que necesita algo y no poder ayudarla en nada, porque no estoy trabajando y no estoy haciendo nada”, lamenta, entristecida.
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