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sábado, 12 de abril de 2014

Informe revela RD convierte en apátridas dominicanos de ascendencia extranjera.

Dominicanos de origen haitiano.
Acento.com.do/Archiv
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El documento concluye que la nación dominicana no está cumpliendo con sus obligaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, incluido el derecho humano a la educación.

Fuente, http://www.acento.com.do/
WASHINGTON, Estados Unidos.- Personas en riesgo de apátridas o en riesgo de apatridia y dificultades para acceder a derechos fundamentales humanos, fueron algunos de los resultados obtenidos durante la elaboración de un estudio realizado por el Instituto de Leyes de derechos Humanos de Georgetown, en Estados Unidos.

Durante el análisis “Dejado atrás: cómo la apatridia en República Dominicana limita el acceso a la educación de los niños”, los investigadores encontraron que a las personas con descendencia haitiana les son negadas la entrega de certificados de nacimientos suministrados por el gobierno, debido a la aplicación de un criterio ambiguo y discriminatorio como el color de piel y el nombre, además de enfrentan graves problemas para acceder a documentos.


Dominicanos de ascendencia haitiana reportaron que, a la edad de 18, no pudieron obtener las cedulas por parte de la Junta Central Electoral como resultado de requerimientos administrativos, basándose especialmente en el origen étnico y la falta de transparencia en los procedimientos de la JCE.

En ese sentido, los resultados arrojados por el proyecto revelaron que dominicanos de ascendencia haitiana no pudieron obtener el certificado oficial de nacimiento, a pesar de poseer un registro de nacimiento en suelo dominicano.

“Los hallazgos documentados en este reporte muestran que en RD discrimina directa e indirectamente contra personas de ascendencia haitiana nacidas en suelo dominicano, al reducir el acceso a la educación, violando sus obligaciones domesticas e internacionales”, indica el informe, elaborado por Khaled Alrabe, Jamie Armstrong, B. Shaw Drake, Kimberly Fetsick, Elizabeth Gibson, Tabitha King, Young-Min Kwon y Franziska Veh.

Explica que por generaciones, los descendientes de padres extranjeros, especialmente haitianos, fueron reconocidos como ciudadanos, pero en la última década, el gobierno dominicano se ha negado a emitir certificados de nacimiento, tarjetas de identidad y otros tipos de documentación esencial, resultando para muchos de ellos en una situación de apatridia.

El documento concluye que la nación dominicana no está cumpliendo con sus obligaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, incluido el derecho humano a la educación.

“Queríamos examinar el impacto humano que la apatridia tiene en los niños a través de la educación como un derecho habilitante importante”, indica Jamie Armstrong, uno de los editores principales del informe, durante su presentación ante periodistas y jurisconsultos en materia de derechos humanos, en el Centro de Leyes de la Universidad de Georgetown.

"La educación es fundamental para el desarrollo de un niño y es una puerta de entrada a la plena participación civil, política, económica, social y cultural en la sociedad. Lo que encontramos, sin embargo, es que este camino es a menudo excluido, con consecuencias devastadoras para los niños apátridas o en riesgo de convertirse en apátridas".

El informe es producto de meses de investigación y decenas de entrevistas con familias afectadas, así como con educadores, defensores y funcionarios gubernamentales. Muchos dominicanos de ascendencia haitiana que fueron entrevistados fueron privados del derecho a acceder a la educación primaria, secundaria o universitaria por no haber podido obtener documentos de identidad.

Asimismo, revela que en los casos en los que los niños han podido acceder a la educación, a muchos de ellos se les ha negado la oportunidad de tomar los exámenes nacionales necesarios para graduarse por no poseer un acta de nacimiento.

Según los investigadores, las prácticas tienen un fuerte impacto entre estos grupos, debido a que, como lo muestran los resultados, los documentos como Certificado de nacimiento y las cédulas son negados de forma sistemática y en consecuencia, se crea un bloqueo en el disfrute pleno de sus derechos, como lo es la educación.

De igual forma, la investigación detalla que en septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional ordenó judicialmente la revocación retroactiva de la ciudadanía de los dominicanos descendientes de inmigrantes indocumentados, lo que ha provocado, debido a la situación ya existente, la exclusión física y administrativa del sistema de educación pública.

“Sin documentación legal y privados de la oportunidad de inscribirse en la escuela secundaria o ir a la universidad, los dominicanos de ascendencia Haitiana reportaron que se ven forzados a trabajar en el mercado de trabajo informal y como consecuencia no tienen oportunidad de mejorar su situación socio-económica, o la de sus hijos”, subraya.

Garantía de derechos.

Durante la exposición de pesquisa, los investigadores explicaron que la Constitución dominicana garantiza el derecho de educación inicial, primaria y secundaria gratuita para "todos", y también suministra el derecho a la equidad educativa.

Sin embargo, los resultados establecen que en la práctica se aparta significativamente de las leyes y políticas, a raíz de que la práctica y la aplicación de los mandatos por la parte administrativa institucional, este principio difiere, al no proveer el acceso igualitario a la educación.

“De acuerdo al Ministerio de Educación, los niños no son inscritos oficialmente en la base de datos nacional cuando no tienen un Certificado de nacimiento y en algunas escuelas primarias, se les niega a niños incluso el ingreso informal a las escuelas si no tienen un certificado de nacimiento.

“El no estar registrados oficialmente evita que los niños puedan recibir las pruebas nacionales, necesarias para graduarse de la escuela primaria y secundaria”, resaltó el informe.

“Los hallazgos documentados en este reporte muestran que en RD discrimina directa e indirectamente contra personas de ascendencia haitiana nacidas en suelo dominicano, al reducir el acceso a la educación, violando sus obligaciones nacionales e internacionales”.

“Estas prácticas de discriminación directa e indirecta en contra de los niños en riesgo de apatridia, basada en la raza o la nacionalidad”.

Recomendaciones.

Los investigadores suministraron diversas recomendaciones, con la finalidad de mejorar la situación de las personas afectadas, entre las que se señalan a nivel nacional: adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la igualdad en el acceso a todos los niveles de educación a los niños en la República Dominicana; garantizar la implementación de medidas que supongan la emisión no discriminatoria de actas de nacimiento y el acceso a la educación; reevaluar el plan de regularización en curso de conformidad con las obligaciones internacionales de la República Dominicana y con base a consultas con la Comisión Interamericana y con la comunidad internacional en general.

Además de reformar cualquier disposición del plan de regularización que requiera a las personas con derecho a la nacionalidad, así como las que fueron desnacionalizadas bajo la decisión del Tribunal Constitucional de septiembre 2013, a declararse como extranjeras para regularizarse, y ratificar e implementar plenamente el Protocolo de San Salvador, con especial atención al artículo 13 (3) (b) y (c) asegurando la disponibilidad general y la igualdad de acceso a la educación secundaria y superior, entre otras.

De igual forma, realizaron recomendaciones al gobierno estadounidense, entre las que subrayan: solicitar al gobierno Dominicano que investigue las graves violaciones del derecho al trabajo del Capítulo Laboral del Tratado de Libre Comercio bilateral CAFTA -RD encontrados por el Departamento de Trabajo de EE.UU. en su Informe Público de Revisión de la Presentación de EE.UU. 2011-03 (República Dominicana) y desarrollar el futuro apoyo de Estados Unidos y capacitación para la fuerza de seguridad fronteriza CESFRONT contingente de la República Dominicana para la solución de la situación de apatridia en consonancia con las obligaciones del gobierno con respecto al derecho internacional de los derechos humanos.

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