Quince organizaciones rechazan permitir de nuevo la importación de armas para civiles

Expresan preocupación por las declaraciones del ministro de Defensa

Fuente, http://acento.com.do/

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Organizaciones dominicanas, de América Latina y sus aliadas, que trabajan en la prevención de la violencia armada, rechazaron este lunes una posible derogación del decreto que prohíbe la importación de armas de fuego para uso comercial en República Dominicana.

El Instituto Caribeño para el Estado de Derecho, Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, Amnistía Internacional, Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, Centro de Estudios sobre Justicia y Participación, Lucha por tus Derechos, Foro Feminista, Unión Democrática de Mujeres, Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, Centro de Investigación para la Acción Femenina, Red de Acción Política, Cladem República Dominicana, Funceji, Fundación Espejo y la Coalición Latinoamericana para la Prevención de la Violencia Armada, mostraron preocupación por las declaraciones del ministro de Defensa, Sigfrido Pared Pérez, quien dijo recientemente que la prohibición de la importación de armas para la venta a civiles no había contribuido a bajar la tasa de delitos violentos y asesinatos.

Las organizaciones argumentaron que existe un vínculo innegable entre la disponibilidad de armas de fuego y los altos índices de violencia.

Señalaron que las estadísticas oficiales de muertes violentas por armas de fuego en República Dominicana, incluyendo las muertes a manos de agentes policiales, son un claro reflejo de la enorme dimensión del problema de violencia armada.

Señalaron que la Organización Mundial de la Salud, en su informe mundial sobre violencia y salud, ha establecido que cuando se sobrepasa el número de 10 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, se está en presencia de una epidemia, manteniéndose una tasa muy por encima de 20 en los últimos años.

“En República Dominicana mueren en promedio 5 personas todos los días producto de la violencia, siendo el 80 por ciento por el uso de armas de fuego. Lo mismo sucede con los feminicidios. A las mujeres se las mata en mayor medida con las armas para la supuesta defensa”, advirtieron.

Explicaron que los argumentos más utilizados por el sector pro-armas son los siguientes: “no podemos desarmar a la ‘gente de bien’ para que los delincuentes hagan de las suyas”; “el problema son las armas ilegales, no las legales”, o, “tenemos que volver a permitir la importación de armas de fuego porque la prohibición lo que ha generado es mayor tráfico”.

En respuesta a esas justificaciones señalaron que la experta en el tema, Orlidy Inoa Lazala, Directora del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho, explicó que es un hecho incontrovertible el que la mayoría de las muertes violentas por armas de fuego responden a conflictos interpersonales (riñas, discusiones, feminicidios) o a intercambios de disparos con la Policía, y no a actos de delincuencia.

“Por otro lado, que precisamente el hecho de que una persona porte armas de fuego la convierte en posible víctima de robo del arma, siendo un mito el que se esté más seguro portando una, y que tanto las armas legales como las ilegales son utilizadas para cometer homicidios pues su condición de legalidad no disminuye el poder letal que tienen”, precisó.

Inoa indicó que el permitir la importación de armas de fuego para la venta no necesariamente incide en la disminución del tráfico, ya que éste está más asociado a grupos de organizaciones criminales para el mantenimiento de sus actividades ilícitas y no a la demanda de ciudadanos comunes.

Las organizaciones critican que el ministro de Defensa afirme que la prohibición ha generado mayor tráfico de armas, cuando ni siquiera se cuenta con datos exactos que corroboren estas afirmaciones.

Las entidades establecen que sí están de acuerdo en que una de las principales prioridades del Estado debe ser lograr la regularización de las armas en condiciones de ilegalidad, pero que las vías más factibles para ello son los programas de amnistías junto a operativos de incautación y destrucción de armas, en el marco de la ley.

“Las instituciones llamadas a garantizar la seguridad ciudadana tienen una gran responsabilidad en esto, debiendo hacer todo lo que esté a su alcance para disminuir la demanda de armas por parte de la población e identificar las vías y propósitos por los cuales se introducen armas ilegales en el país con miras a lograr una persecuciónestratégica y posteriores sanciones. La efectiva persecución es el mejor elemento disuasorio”, expusieron.

Advirtieron que el Estado no puede jamás promover una mayor disponibilidad de armas en una sociedad ya profundamente afectada por el flagelo de la violencia, cuando lo que procede es implementar políticas que desincentiven el uso generando un clima de mayor seguridad, regularicen las que se encuentren en condiciones de ilegalidad y promuevan el desarme voluntario de la población.

“Una sociedad con menos armas es en definitiva una sociedad más pacífica. Mucho más cuando no se cuenta con un marco legal oportuno que garantice importaciones de armas no riesgosas, constituyendo una prioridad la aprobación del proyecto de ley de control de armas y municiones que actualmente cursa en el Congreso dominicano”, expusieron.

Recordaron que República Dominicana fue de los primeros países en ratificar el Tratado Mundial de Comercio de Armas, comprometiéndose a controlar y regular, en base a los estándares internacionales, todo lo concerniente a este convenio.