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Foto: Acento.com.do/archivo./ Francisco Domínguez Brito, Procurador General de la República |
Fuente, http://acento.com.do/
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, expresó su total apoyo al presidente Danilo Medina y a su equipo de Gobierno, encabezado por Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, por la labor llevada a cabo para la redacción y promulgación del Reglamento de Aplicación de la Ley 169, sobre Naturalización y Régimen especial de ciudadanía.
Aseguró que con la emisión del Reglamento Migratorio correspondiente a la Ley 169-14, la República Dominicana nueva vez se levanta y camina hacia el establecimiento del imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos.
“Desde el Ministerio Público queremos dar todo nuestro apoyo al equipo de trabajo encabezado por el Ministro de la Presidencia, Lic. Gustavo Montalvo”, expresó.
Resaltó la necesidad de seguir el proceso de la institucionalización en el país, al tiempo que abogó por que todas la instituciones del sector Justicia sigan estos pasos, unidos en una sola voz alrededor del consenso que ha propiciado el presidente Danilo Medina.
Recientemente, el Presidente de la República firmó el decreto 250-14 de Reglamento de Aplicación de la Ley 169-14 del Régimen Especial de Naturalización y Regularización de Extranjeros, cuya normativa establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización.
“En los sistemas democráticos los presidentes de la República encarnan los liderazgos de la nación. En este tema tan controversial nuestro presidente Medina lo ha encarado defendiendo los valores del respeto a la constitucionalidad y los derechos humanos”, manifestó Domínguez Brito.
El máximo representante del Ministerio Público dijo respetar las diversas opiniones que se han generado en torno al tema, sin embargo, manifestó que lo más importante en este momento es que la sociedad dominicana se una, lo que a su entender constituye un serio ruego a la institucionalidad y un desafío a los principios democráticos en los cuales descansa el Estado.
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