El jefe de la Policía, mayor general Manuel Castro Castillo, cuando entregaba equipos donado por Francia al coronel Carlos Fernández Valerio, director de la DICAN. |
MÉNDEZ/A. ROMERO
Fuente, http://www.diariolibre.com/
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La jueza de instrucción especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Wendy Martínez Mejía, impuso la madrugada de este sábado un año de prisión preventiva contra nueve de once implicados en el presunto robo de casi mil kilogramos de cocaína que habían sido incautados por la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía (DICAN).
Los enviados a prisión son los procuradores fiscales Ramón Augusto Veras y Máximo Antonio Díaz Ogando; el ex director Antinarcóticos de la Policía, coronel Carlos Fernández Valerio; el ex jefe de operaciones de la DICAN, teniente coronel Humberto Paulino López, el mayor Luciano Gómez Cabrera, el primer teniente Bárbaro Gómez Cabrera, el cabo Agapito Muñoz Evangelista, el sargento Pedro Almánzar González y el sargento mayor Antolín de los Santos Zabala, quienes deberán cumplir la medida de coerción en la cárcel La Victoria. La raso Raidirys García Miranda fue enviada a Najayo Mujeres.
Antes de emitir su fallo sobre la medida solicitad por el Ministerio Público, la magistrada se retiraró a deliberar a las 7:00 p.m., después de que las partes concluyeron sus alegatos.
Por un lado, los abogados de los imputados pidieron la libertad de sus defendidos, alegando que la acusación del Ministerio Público carece de base probatoria que la sustente.
Mientras, los representantes del Ministerio Público solicitaron prisión preventiva contra todos los acusados.
En tanto, el próximo lunes se le conocerán medidas de coerción a Carlos Amézquita Reynoso, y el mayor Ruddy José Japa.
En la Procuraduría Fiscal de la provincia Santo Domingo hubo un amplio dispositivo de seguridad, y se reforzó la vigilancia en los alrededores del edificio.
Niega gestionara venta
El primer teniente de la Policía Nacional, William Ruddy Rosario Guerrero, negó que gestionara vender los 250 kilogramos de cocaína que alegadamente llevaron los fiscales, y que los trasladara a Guerra, donde habrían sido vendidos a US$10,000 el kilo al capitán Santo Medina Familia, alias Nachy.
El oficial acudió en la mañana a la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo a entregarse, argumentando que existe una orden de arresto en su contra.
Acudió en compañía de su abogado y hermano, Rigoberto Rosario Guerrero, quien manifestó que nada tiene que ver con el supuesto robo de drogas en la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional.
Rosario Guerrero expuso que allí fue referido a la Procuraduría General de la República, donde le manifestaron que no había problemas, que se marchara.
Asimismo, dijo que les sugirieron que volvieran el lunes a las 3:00 p.m.
“Nadie me quiere recibir”, aseguró, y advirtió que teme por su vida.
Comentó que de los imputados conoce a una sola persona, que es el mayor Ruddy José Japa Álvarez, el cual es su compadre.
Observó que no conoce los fiscales actuantes, ni ha trabajado en la DICAN, porque trabaja en el Departamento Legal de la Policía.
El abogado Rigoberto Rosario Guerrero manifestó que en el caso específico de William Ruddy Rosario Guerrero, el Ministerio Público no tiene ninguna prueba, y que tampoco existe forma de vincularlo en el caso. “Primero no conoce a ninguno de los integrantes, con excepción del mayor Japa, que es su compadre, ni conoce a los fiscales, ni a los demás miembros que actuaron, ni trabaja para ese departamento de la Policía tampoco”.
Llamó a las autoridades aclarar la situación en lo que concierne a su defendido.
Dejan sin efecto arresto de tres oficiales en DICAN
La Procuraduría dio a conocer la disposición, a través de un comunicado de fecha 15 de este mes, firmada por el procurador general adjunto e inspector del Ministerio Público, Bolívar Sánchez Veloz; el director central de Asuntos Internos de la Policía Nacional (DINTEL), general Orlando Pichardo Reynoso; el procurador general titular de la Corte de la Provincia Santo Domingo, Eduard Rodríguez y la procuradora fiscal titular de la provincia Santo Domingo, Olga Diná Llaverías.
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