José Manuel Castillo, director Noticias A Tiempo. Whatsapp: 8098160105, josemlct11@hotmail.com. Santiago, República Dominicana.

viernes, 6 de marzo de 2015

Si yo fuera oficial superior de la Policía Nacional

Coronel Carlos Fernández
Valerio, exjefe de la DICAM
Domingo Caba Ramos
Especial/Noticias A Tiempo.Net
E-mail: josemlct11@hotmail.com

El Poder Ejecutivo benefició con retiro forzoso y pensión consistente en el 80% de su salario al coronel Carlos Fernández Valerio (exjefe de la DICAM), al teniente coronel Félix Humberto Paulino Reyes, al mayor Ruddy José Japa Álvarez y al mayor Luciano Gómez Cabrera, todos involucrados, junto a otro grupo, en el alegado robo de unos novecientos cincuenta kilos de droga durante un operativo a cargo de dicho organismo.

Por más que me lo expliquen en español, no entiendo el hecho de que a oficiales antinarcóticos acusados de robar y traficar con casi mil kilos de cocaína, en lugar de cancelarlos de manera deshonrosa, como hacen con los rasos sin nombres, lo premien otorgándoles una pensión ascendente a casi el 100% de sus salario. Creo que tendrán que explicármelo en otros idiomas, porque en español, repito, no lo entiendo.

¡Ay! si hubieran sido maestros, rasos alistados, agrónomos, médicos, enfermeras o cualquier otro empleado de la administración pública: a esta hora estarían presos, cancelados de inmediato y sin un chele de pensión.

Tan bochornosa y repudiable disposición del Poder Ejecutivo, José Ramón (Monchy) Fadul, ministro de Interior y Policía, la defendió alegando que « las autoridades actuaron apegados a la ley», que « la ley establece que los agentes con cierta cantidad de años en servicio deben retirarse con una pensión consistente en el 80% de su salario» y que « en el caso de la Dirección Central Antinarcóticos (DICAM), los involucrados están sometidos a la justicia, pero no han sido condenados»

En lo relativo a que así lo establece la ley, tampoco entiendo cómo a un legislador se le ocurre establecer que se pensione a un magnate acusado de perpetrar un crimen atroz.

En cualquier institución pública o privada, especialmente en esta última, cuando un empleado es acusado de violar la ley, acto seguido se le suspende del servicio hasta tanto un juez emita una sentencia definitiva. Si es condenado, se procede a cancelarlo sin ningún tipo de beneficio económico. De lo contrario, es repuesto en el cargo. Nuestra Policía Nacional parece ser la excepción de la regla: sin importar la gravedad de la falta cometida, cuando se trata de un oficial superior, su pensión está segura.

Después de leer las declaraciones de Fadul no tuve más que sonreír irónicamente y proclamar una y otra vez:
Si yo fuera oficial superior de la policía, todos los días realizara las más increíbles y sorprendentes travesuras.
Si yo fuera oficial superior de la policía, todos los días cometiera uno o más robos.

Si yo fuera oficial superior de la policía, todos los días atracara y vendiera drogas.

Si yo fuera oficial superior de la policía, diariamente estafara a cuanto mortal me pasara por el lado.

Si yo fuera oficial superior de la policía, todos los días violara a una nueva mujer.

Si yo fuera oficial superior de la policía, todos los días organizara una nueva banda de delincuentes.

Si yo fuera oficial superior de la policía, en fin, todos los días ejecutara un nuevo crimen...



Todas esas acciones yo las cometería, consciente de que si me acusan y en mi contra dictan orden de prisión preventiva, en vez de ser sancionado con una cancelación deshonrosa de mi puesto, luego se me premiará, o a mi favor se dispondrá un retiro forzoso con pensión incluida, equivalente al 80% de mi salario, porque la bendita ley así lo establece.


Y seguro también de que el flamante ministro de Interior y Policía justificará mi pensión argumentando que « las autoridades actuaron apegados a la ley», que « la ley establece que (hagan lo que hagan) los agentes con cierta cantidad de años en servicio (como yo) deben retirarse con una pensión consistente en el 80% de su salario» y que «en el caso que me atañe yo fui sometido a la justicia, pero no he sido condenado»


Yo saltaría de alegría al ver y escuchar a Monchy emitir esas agradables declaraciones, captadas a través mi moderno televisor a color, de amplia pantalla plana, colocado estratégicamente en una de las paredes de mi cómodo encierro en la cárcel. Abriría la nevera, extraería de aquí un litro de whisky etiqueta azul, me serviría un trago “a la roca” y dejaría escapar una risa explosiva para burlarme del mundo, esto es, de todos los “tontos”, “pendejos” o “pariguayos” que románticamente todavía creen en la institucionalidad y en que existen principios y valores éticos que norman la conducta ciudadana; pero muy especialmente, que guían el comportamiento de los servidores públicos.

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