Tanto el Ministerio de Defensa como la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional del Senado de la República emitieron informes por separado que confirman la denuncia de Acento.com.do en el sentido de que los radares militares corren riego de dañarse.
Fuente, Acento.com.do
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La comisión del Senado de la República que investiga las condiciones del proyecto de seguridad aérea confirmó que los equipos de radares militares adquiridos por US$ 57 millones para el Sistema de Defensa y Seguridad Aérea de las Fuerzas Armadas, se deterioran en un almacén de la Base Aérea de San Isidro por falta de mantenimiento y recursos para instalarlos.
Mientas el Ministerio de Defensa asegura que lleva más dos años diligenciando una partida presupuestaria para reiniciar los trabajos de instalación de los dos radares y la terminal el centro de control y mando.
Los congresistas atestiguan que el radar de alcance medio tipo ATAR (de última generación) y varios dispositivos como sensores y pantallas electrónicas presentan deterioro progresivo por el almacenamiento prolongado de más de tres años.
Tanto el Ministerio de Defensa como la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional del Senado de la República emitieron informes por separado que confirman la denuncia de Acento.com.do en el sentido de que los radares militares corren riego de dañarse.
En su informe presentado al Pleno del Senado de la República, los legisladores advierten de que la paralización del proyecto (que se inició en el último periodo de gobierno de Leonel Fernández) afecta el principio jurídico de continuidad del Estado
Los equipos de última generación, junto a los ocho aviones Tucano, blindarían, según las autoridades militares, las zonas Este y Sur del país, y la frontera aérea con Haití, además de que detectarían los vuelos ilegales procedentes de Sudamérica y otras regiones del mundo.
La investigación de los senadores, que se empezó en octubre de 2014, tiene como objeto determinar la situación operacional del Sistema Nacional de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo Nacional, así como los activos del sistema, su nivel de interoperabilidad y el aspecto presupuestario.
La comisión confirmó también que la ejecución del proyecto para la seguridad aérea se encuentra paralizada desde hace tres años, porque en los presupuestos generales del gobierno de 2013 y 2014 (al igual que en el 2015) se asignaron fondos para continuar con el proyecto.
En su informe presentado al Pleno del Senado de la República, los legisladores advierten de que la paralización del proyecto (que se inició en el último periodo de gobierno de Leonel Fernández) afecta el principio jurídico de continuidad del Estado y coloca al país en una posición de alto riesgo de ser penalizado por incumplimiento.
Además de acarrear, según ellos, un incremento de US$ 25 mil dólares mensuales en el contrato inicial, y la posibilidad de configurar daños y perjuicios derivados de cláusulas contractuales mientras la obra permanezca paralizada.
Luego de la presentación del informe, el Senado de la República emitió una resolución que le exige al gobierno ubicar y poner a disposición los recursos presupuestarios que reduzcan o eliminen las fallas en la ejecución del contrato para la instalación de los equipos y las edificaciones del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional del Espacio Aéreo.
Así también creó una comisión para dar seguimiento permanente a la disposición de resolución referida que emplaza al gobierno a destinar los recursos restantes para concluir el proyecto paralizado desde 2012.
Sin embargo, ocho meses después de emitida la resolución el gobierno no libera hasta este momento los recursos para retomar el proyecto que garantizara la vigilancia y defensa del espacio aéreo nacional.
En sus conclusiones, el Pleno del Senado demandó el cumplimiento de la Ley 188-11 que crea el Sistema Nacional de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo Nacional y que establece en sus artículos 3, numeral 8 lo siguiente:
“Dicho sistema debe integrarse con todos los elementos disponibles, aeronaves, personal técnico, comunicaciones, radares, datas e informaciones de los organismos competentes y de inteligencia en la aviación civil, para proporcional una adecuada y eficaz vigilancia, protección y defensa del espacio aéreo nacional, operado por la Fuerza aérea de la República Dominicana (FARD) a través de un Centro de Mando control y comunicaciones.”
Pese a la importancia del proyecto como complemento a la inversión inicial de 93 millones de dólares en la compra de los aviones Tucano, el gobierno dominicano aparecería como desinteresado en concluir la instalación de los radares, tanto así que desde agosto de 2012 no se destinan fondos para el mismo.
La comisión de legisladores que investigó la situación de los activos y el nivel operativo del referido sistema, la integraron los senadores Adriano Sánchez Roa, Carlos Castillo Almonte, Edis Fernando Mateo, Tommy Galán Grullón, Arístides Victoria y Raysa Sonia Mateo.
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