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El acuerdo político entre los partidos de La Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano, así como el anunciado con el Reformista Social Cristiano, continua la senda del estado botín al que se reparten los políticos y de paso se lleva entre las uñas la democracia interna de las organizaciones del sistema de partido. Este reparto de rentas, puestos y privilegios profundiza la corrupción política que ha gobernado el país durante los últimos 50 años y con ello pretenden perpetuarse. Vemos como el país, la gente sencilla de la calle queda desamparada mientras vemos:
1.- El vergonzoso acuerdo entre la Fiscalía y un confeso falsificador de medicamentos, quien en lugar de ir a la cárcel les son devueltos gran parte de su fortuna mal habida, sin que la lucha contra el crimen y la corrupción se beneficie de ese acuerdo. El propio Procurador justifica el delito, al decir que no fue una falsificación sino un cambio de etiquetas para obviar el vencimiento del producto.
2.- El reparto o “facilidades” de vehículos entre miembros del partido de gobierno para acallar las inconformidades por la exclusión de que dichos dirigentes han sido objeto. Todo ello con cargo al sacrificio fiscal del Estado Dominicano, mientras se trasladan esos costos para una nueva reforma fiscal que todos vamos tener que pagar.
3.- La concesión graciosa del Teatro Agua y Luz en favor del presidente del Partido Revolucionario Dominicano, hoy aliado al gobierno después de firmar el acuerdo de reparto antes citado.
4.- La absurda solución a la deuda con los generadores eléctricos mediante el cual Estado Dominicano se endeuda con el Banco de Reservas a la exorbitante tasa de interés del 10 por ciento anual en dólares y convierte en deuda pública más de 860 millones de dólares mediante la emisión de "instrumentos bancables" eludiendo la aprobación del Congreso Nacional.
5.- Todo lo anterior, previo al proceso que mañana día 22 de los corrientes que sigue la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia al principal imputado de corrupción en la República Dominicana, en relación al cual, Impunidad Cero espera que dicho imputado sea enviado a juicio de fondo, donde debe probarse su inocencia o culpabilidad y que, este caso, no se encuentre entre los negocios pactados entre dichas organizaciones políticas, ni que la designación de la juez Mariana Daneira García Castillo, recusada en ocasión del archivo del expediente al ex-presidente Leonel Fernández, sea parte de una conjura contra el país.
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