“Un tercero no puede presionar para negar el derecho a la expresión de la sociedad. O sea que él quiere imponerle a uno hasta la agenda de lo que se puede preguntar o no, y la sociedad no funciona así”.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera instancia del Distrito Nacional fijó audiencia para el 25 de noviembre sobre la querella interpuesta por el sacerdote Manuel Antonio Ruiz de la Rosa, de la Iglesia Católica, contra varios periodistas y otros ciudadanos, por supuesta difamación e injuria.
Tras no lograrse un acuerdo entre los periodistas Marino Zapete, Altagracia Salazar, Diana Lora, Franklin Guerrero Andrickson y Juan Tomas Dottin Reyes con el sacerdote Ruiz, por entender los profesionales de la comunicación que tienen pruebas que suficientes para defenderse y demostrar que no incurrieron en ningún delito, el juez levantó un acto de no conciliación este martes 27 de octubre.
“El día que yo no le pueda servir de canal a la gente que no tiene voz, yo dejo el periodismo”, manifestó Marino Zapete tras la audiencia de conciliación.
“Ese es un intento de poner una mordaza, que en mi caso no basta”
Zapete y los demás demandados destacaron que los hechos que se les imputan no son verídicos, ya que solo dieron cabida en sus programas a las denuncias de afectados por el sacerdote Ruiz.
“El padre está procediendo contra nosotros por las entrevistas que le hicimos al presidente de una junta de vecinos, y en el caso de la imputación mía no es que yo dije que el padre tal cosa, sino lo que le pregunté al presidente de la Junta de Vecinos”, señaló por su lado Altagracia Salazar.
Altagracia Salazar y Marino Zapete alegaron que la querella en su contra interpuesta por el sacerdote Manuel Ruiz es un intento de amordazar e imponer qué se debe decir y qué no.
En tanto, la periodista Diana Lora resaltó que seguirá ejerciendo la labor periodística por lo que ha decidido no conciliar. Criticó el hecho de que el sacerdote entiende que preguntar está mal. Diana Lora dejó claro que el sacerdote Ruiz no tiene derecho a censurar a la población.
Otra de las acusaciones del padre se centra en los comentarios de los periodistas sobre los casos de las violaciones de niños cometidas por el exnuncio Joseph Wesolowski, en la capital, y el sacerdote Wojciech Waldemar (padre Alberto Gil), en la comunidad de Juncalito, las cuales fueron comprobadas. En Polonia, a Wocjciech se le abrió una investigación. Por su lado, Wesolowski fue hallado muerto en Roma cuando estaba en proceso judicial.
Según informaciones ofrecidas por los periodistas, durante la audiencia de conciliación los abogados de Ruiz de los Santos aseguraron que llegar a un acuerdo era demostrar la culpabilidad de los comunicadores. “Simple y llanamente, vamos a demostrar que no violamos las leyes”.
En conjunto aseveraron es una gran oportunidad para demostrar otros hechos en los que se ha visto relacionado el sacerdote católico.
En el tribunal estuvo presente el periodista Luis Eduardo Lora (Huchi), padre de Diana Lora, quien acudió en apoyo de su hija y sus demás colegas.
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