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| Torres Torres tendrá que cumplir una suspensión de 10 días. (Wanda Liz Vega Dávila) |
Tendrá que devolver el dinero que invirtió el municipio en la reparación del camino a su casa
Fuente, http://www.elnuevodia.com/
PUERTO RICO.-El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) ratificó la suspensión de empleo y sueldo del alcalde de Corozal, Sergio L. Torres Torres, por la utilización ilegal de empleados y materiales del municipio para reparar un camino privado que conduce a su residencia.
Además de la suspensión de 10 días laborables, el alcalde deberá devolver $685.91, que fue lo que invirtió el ayuntamiento en asfaltar la vía.
La resolución del PFEI se emitió el viernes, pero se le notificó este lunes al alcalde, que deberá cumplir con la suspensión de empleo y sueldo dentro de los próximos 20 días. La determinación de conducta sancionable se hizo basada en lo dispuesto en la Ley de Municipios Autónomos y en el Plan de Reorganización 12012, indicó el organismo en declaraciones escritas.
La resolución original del PFEI sobre este caso se emitió el pasado 13 de agosto, pero el alcalde solicitó una vista administrativa a la que tenía derecho, que estuvo a cargo de la oficial examinadora Lourdes V. Velázquez Cajigas, de la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD).
La audiencia se llevó a cabo el 1 de diciembre y posteriormente Velázquez Cajigas rindió un informe en el que expuso que el ejecutivo municipal demostró incapacidad, negligencia y se aprovechó ilegalmente de la reparación del referido camino.
“Al aceptar la obra de mejora del camino privado y la ausencia de medidas correctivas demostró una incapacidad manifiesta, ineptitud, descuido en el desempeño de sus funciones que tipifica la definición de abandono inexcusable y negligencia inexcusable. Permitir la obra y posteriormente no corregir la situación constituye una actuación ilegal y en beneficio personal sancionada por ley”, estipuló Velázquez Cajigas en su informe, según divulgó el PFEI.
La oficial examinadora agregó “de que por haber quedado probados los hechos a base del criterio de prueba clara, robusta y convincente, procede la sanción disciplinaria indicada en la Resolución del 13 de agosto de 2015”.
El PFEI también le ordenó a la administradora municipal certificar que el alcalde cumplió con la suspensión, mientras al director de finanzas le requirió certificar el reembolso de dinero al municipio por los materiales utilizados en la pavimentación del camino.
El alcalde popular, que está en su primer término, también es investigado por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por asfaltar el camino y por pagarle $4,552, de fondos públicos, al abogado Pedro Ortiz Álvarez, a quien contrató para que lo representara ante la UPAD cuando se presentó la querella en su contra.
Del 21 al 23 de octubre, la OEG celebró vistas públicas para atender esta querella. Sin embargo, la oficial examinadora Vilma Vega Rodríguez no ha emitido su informe con la resolución del caso, confirmó a este medio la portavoz de prensa de la agencia, Jennifer Rodríguez. Vega Rodríguez tiene 90 días a partir de concluida la vista para determinar si hubo violación de ley e imponer sanciones, o archivar la querella.
En las vistas públicas de la OEG, el director de la Oficina de Obras Públicas del municipio, Luis J. Panzardi, aseguró que su jefe no le pidió que asfaltara el camino, el 12 de marzo de 2013, sino que fue determinación suya dar la instrucción para hacerlo. Mientras, el propio alcalde testificó que no les ordenó a sus empleados hacer ese trabajo y afirmó que cuando los vio frente a su casa les dijo “que para acá no se metieran”.
Torres Torres es investigado, además, por la fiscal especial independiente Iris Meléndez Vega, quien tendrá que determinar si el ejecutivo municipal cometió falta o ilegalidad el pasado 16 de mayo al disparar armas en el Polígono de Tiro de la Policía en Isla de Cabras, Toa Baja, sin poseer licencia. En este caso, también son investigados los alcaldes de Toa Alta y Cataño, Clemente Agosto y Juan Rosario, respectivamente.
A esas dos querellas se suma una demanda en el tribunal federal en la que un grupo de empleados municipales alegan despido injustificado por parte del alcalde.
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