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| Leonel Fernández. |
En el día de hoy, la fortaleza de la democracia dominicana será puesta a prueba, al conocer la Cámara de Diputados de la aprobación del Proyecto de Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Eso está precedido por la adopción, el pasado jueves, 2 de agosto, del informe emanado de la Comisión Especial, creada por la cámara baja, a los fines de procurar su aprobación por la vía del consenso entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional.
Luego de 18 reuniones de dicha comisión y tres adicionales de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, en las que se produjeron acuerdos en diferentes aspectos del referido proyecto de ley, hubo uno, el relativo a lo consignado en los artículos 37 y 42, concernientes a la modalidad de escogencia de los candidatos a cargos de elección popular, en los cuales no fue posible arribar a un consenso.
En la subcomisión formada para la búsqueda de una redacción pactada de los artículos 37 y 42, el consenso pereció, al producirse un sorpresivo cambio, de último momento, por parte de la representación del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que resultó en una decisión precaria de tres votos a favor y dos en contra.
La Comisión Especial, por su parte, al reunirse el pasado jueves, 2 de agosto, se manifestó en la misma polarización que la anterior, con una estrecha votación de siete a favor y seis en contra.
En círculos legislativos se esparce el rumor de que la variación reformista se debió a presiones provenientes de fuerzas externas que podían poner en peligro hasta su propia supervivencia como organización política.
En la aprobación, por parte del Senado, del Proyecto de Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, se había establecido que los candidatos a cargos de elección popular serían escogidos, de manera única, mediante la celebración de elecciones primarias abiertas y simultáneas, organizadas y supervisadas por la Junta Central Electoral.
Esa decisión del Senado se encontró con el rechazo generalizado de las autoridades de la Junta Central Electoral; de 24 partidos políticos; de las organizaciones empresariales; de las iglesias católica y evangélica; de las organizaciones de la sociedad civil; y de los principales medios de comunicación.
Ante esa situación, el Presidente de la República envió una carta a los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional, en la que, al reconocer que no contaría en la cámara baja con el respaldo de las dos terceras partes de los votos requeridos para su aprobación, solicitaba que, mediante la búsqueda del consenso, se explorasen opciones alternativas a las de primarias abiertas y simultáneas.
Naufragio del consenso y de la opción alternativa
Ante la misiva del Presidente de la República, se suscitó una expectativa de posibilidades de acuerdo entre todos los sectores representados en el Congreso Nacional; y de inmediato se activó un mecanismo de diálogo bicameral, encabezado por los presidentes de ambas cámaras.
Ese diálogo, lamentablemente, culminó en el fracaso. Eso así, debido a que se intentaba imponer, como opción o por vía indirecta la misma fórmula, de primarias abiertas y simultáneas, que no fue posible sustentar por la vía directa, como había aprobado el Senado.
Posteriormente, en el marco de la Comisión Especial, los 11 partidos que integran el bloque opositor, sometieron una propuesta que calificaron como “Propuesta desde la Oposición para el Establecimiento de un Sistema Electoral Realmente Democrático”, también conocida popularmente como “la propuesta del librito”.
En dicho texto, el bloque de partidos de oposición, al referirse al tema de las primarias, alegó que: “cada partido debería decidir el método de elección de sus candidaturas internas o a cargos de elección popular de acuerdo con lo establecido por sus propios estatutos y de acuerdo con la ley”.
También, que “las primarias, o cualquier método escogido por los partidos, deberán ser voluntarias, simultáneas, vinculantes, con el padrón de cada partido y ser supervisadas y con apoyo logístico de la Junta Central Electoral…”.
A pesar de divergencias en algún punto específico de esa propuesta, en general dicho planteamiento facilitaba la búsqueda del consenso en el marco de respeto a la Constitución, ya que, de alguna manera, también recogía el espíritu de la propuesta inicial de la Junta Central Electoral.
Sin embargo, en forma extraña, el PRM, que se había convertido en garante frente al bloque de partidos opositores de sustentar dichas propuestas, se alejó de las mismas; y adoptó una presunta flexibilización, que consistía en permitir que cada partido decidiera el método, modalidad y padrón a ser utilizado por cada organización política en sus elecciones primarias.
Con esa nueva actitud, de que cada partido escogiese el tipo de padrón, el PRM no solo se distanciaba del bloque opositor, sino que se convertía en el actor principal en la introducción, por vía indirecta, del mecanismo que se procuraba evitar mediante la búsqueda de alternativas, como es el de las primarias abiertas y simultáneas, ahora dejada como opción de cada partido.
¿Por qué cambiaba de postura, de manera tan abrupta, el PRM? ¿Cuáles fuerzas, internas y/o externas, estaban incidiendo para ese cambio de actitud?.
Hasta ahora, no resulta del todo claro. Pero lo cierto es que al introducir ese nuevo elemento, el PRM sembró la semilla de la discordia y la implantación del germen de naturaleza inconstitucional sobre lo cual, en el día de hoy, tendrá que discernir la Cámara de Diputados.
A la variación de la posición del PRM, se le añadió, también en forma desconcertante, la ruptura del PRSC con el consenso opositor plasmado en “el librito”.
En la nueva postura, el partido del gallo colorao contribuyó a reactivar un elemento del debate que hasta entonces no había encontrado respaldo; y es el de que fuesen los organismos superiores de cada partido y no la totalidad de sus miembros, como constitucionalmente debe ser, los que decidiesen la modalidad de elección y el padrón a utilizar por cada organización política en la elección de sus candidatos a cargos de elección popular.
La aritmética de la democracia
Desde la Segunda Guerra Mundial, con el desembarco de las tropas aliadas en Normandía, el día D se ha considerado como un día decisivo. Hoy es un día D para la democracia dominicana.
Es un día decisivo en razón de que los escogidos como representantes del pueblo tendrán que decidir entre los intereses particulares de algunos miembros de las cúpulas de los partidos (de eso que Robert Mitchels calificó como la oligarquía de hierro de los partidos); y el interés nacional, el respeto a la Constitución y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Frente a ese dilema, en principio, la actual correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados impediría que las primarias abiertas y simultáneas, introducidas como opción o por vía indirecta, sean aprobadas.
La razón de eso se debe a que los sectores que propugnan por este propósito no cuentan con las dos terceras partes de los votos requeridos por el artículo 112 de la Constitución para aprobar las leyes orgánicas como es la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Con la reciente suma de los 11 votos del partido reformista, los promotores de la opción de primarias abiertas y simultáneas contarían con 101 votos. Todavía les faltarían 26 para obtener los 127 votos requeridos para aprobar la referida ley de partidos políticos.
Sin embargo, en el Congreso Nacional circula con fuerza la especie de que se produciría una fragmentación en la votación de los 50 diputados del PRM. Por un lado, hay 17 diputados que corresponden a la tendencia minoritaria de esa agrupación política que votarían a favor de las primarias abiertas y simultáneas como opción de los partidos para la escogencia de sus candidatos a cargo de elección popular.
Por otro lado, se susurra por los pasillos que hay otro grupo de diputados, que forman parte de la otra tendencia perremeísta, que presuntamente ya habrían sido “persuadidos” por fuerzas externas, a los fines de obtener la aprobación de la opción de primarias abiertas y simultáneas.
Más aún, es de dominio público, que dentro de las negociaciones llevadas a cabo, se ha acordado que un grupo de diputados del PRM se ausente de la histórica sesión de este martes, para, de esa manera, reducir la cantidad de las dos terceras partes de los presentes que se requiere para la aprobación de la ley de partidos.
La opinión pública deberá estar atenta a la pizarra de votación de la Cámara de Diputados y a las ausencias injustificadas que eventualmente pudiesen tener lugar. Así, podrá verificarse quiénes, realmente, estarán a la altura de sus sagrados compromisos con la defensa de la Constitución.
Ante la necesidad de contar con una Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que estuviese en armonía con nuestra Carta Magna y sirviese de instrumento para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, lo ideal es que la misma hubiese podido ser aprobada con el consenso de todos los sectores involucrados.
Desafortunadamente, no será así. Pero aún confiamos que los integrantes de la Cámara de Diputados tendrán suficiente capacidad de discernimiento para impedir que intereses ocultos, de corto plazo, provoquen la extinción del sistema de partidos y la muerte de la democracia, en el mediano y largo plazo.
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