Mario A. Fernández Burgos, uno de los cinco miembros de la nueva Cámara de Cuentas que eligió ayer el Senado. |
Diario Libre
SANTO DOMINGO, RD.-Mario A. Fernández Burgos, uno de los cinco miembros de lo que será la nueva Cámara de Cuentas y reconocido el año pasado por Participación Ciudadana por sus “esfuerzos extraordinarios” a favor de la transparencia en la gestión pública y por estar ligado a las luchas sociales, reaccionó a algunos cuestionamientos por mensajes que difundió durante la campaña política del 2020 en los que manifestaba su apoyo al entonces candidato presidencial Luis Abinader.
Fernández Burgos afirmó que no es miembro de ningún partido político, aunque haya votado por todos y que “la expresión de simpatía o respaldo en una coyuntura determinada no tiene que ver nada con un compromiso partidario”.
“Yo no soy ni he sido ni miembro ni subalterno de ningún partido político, por tanto que yo haya apoyado en una coyuntura al actual Gobierno, también lo hice con el anterior, yo apoyé a Leonel Fernández en el año 1996 y apoyé a Danilo Medina en el 2012 y apoyé a Luis Abinader en el 2020 obviamente por propuestas, no por un vínculo partidario ni nada por el estilo”, aclaró.
Fernández Burgos es abogado y notario público con más de 37 años de ejercicio en la práctica legal y de litigios. Ejerce en la firma de abogados J.M. Cabral y Báez, y se graduó en 1982 en la entonces Universidad Católica Madre y Maestra.
Afirmó que como ciudadano ha votado por todos e “incluso por ninguno” al referirse en esta última parte al movimiento que promovió hace más de una década él fallecido cantautor Víctor Víctor, llamado “Vota por ninguno” y el cual también apoyó.
La actual Cámara de Cuentas está presidida por Hugo Francisco Álvarez Pérez y los miembros Pedro Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Félix Álvarez Rivera y Margarita Melenciano Corporán, acusados por el Ministerio Público de “maquillar” las auditorías, una de ellas la de las obras construidas por Odebrecht y las que esta empresa ganó a base de sobornos a funcionarios y legisladores, según admitió la misma compañía brasileña.
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