Multilaterales entregaron préstamos por 488 millones de dólares para reducir pérdidas de las EDE.
El BEI habría decidido no renovar el contrato por la investigación sobre irregularidades
En la querella, presentada esta semana por el Estado dominicano ante el Ministerio Público por las presuntas irregularidades en las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) durante el gobierno del expresidente Danilo Medina, destaca también la supuesta malversación de parte de los préstamos otorgados por varios organismos internacionales a República Dominicana para resolver su histórica crisis eléctrica.
De acuerdo al documento entregado a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), cuyo vicepresidente ejecutivo era Rubén Jiménez Bichara, se benefició junto a Luis Ernesto De León Núñez, Julio César Correa, Radhamés del Carmen Maríñez, Rubén Montás Domínguez —todos exadministradores de las EDE— y Maxy Montilla Sierra —cuñado del exmandatario Medina— “mediante estafa, la extorsión, el soborno, el desfalco y la sobrevaloración de precios” con contratos firmados entre las EDE y organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversión (BEI), el Banco Mundial, a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID).
Se firmaron 488 millones de dólares en préstamos internacionales con las instituciones antes señaladas, de los cuales 57,058,069.76 dólares —un 11.7 % del monto total— habrían sido “malversados, defraudados y sustraídos por la asociación de malhechores” que, según la querella, conformaban Jiménez Bichara, Montilla Sierra, De León Núñez, Correa, Montás Domínguez y del Carmen Maríñez.
La querella depositada por el Estado dominicano asegura que aprovecharon que esos financiamiento, por ser organismos multilaterales, requieren que se apliquen sus normas especiales internas para las compras y contrataciones públicas, de manera que la Ley de Compras y Contrataciones Públicas no aplicaban para los mismos.
El documento se refiere a cuatro contratos específicos, todos firmados entre los años 2014 y 2016. Uno por 60 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en fecha 12 de junio de 2014, para el Proyecto de Reducción de Pérdidas y Rehabilitación de distribución Eléctrica, y otro más por 78 millones de dólares autorizado por el OFID el 1 de agosto del mismo año para financiar también el Proyecto de Modernización de la Red de Distribución y Reducción de Pérdidas Eléctricas.
Al año siguiente, en diciembre de 2015, el BIRF aprobó 120 millones de dólares, de nuevo para el Proyecto de Modernización de Red de Distribución y Reducción de Pérdidas. Mientras que el último préstamo aludido en la querella es un financiamiento por 230 millones de dólares firmado con el BEI en mayo de 2016.
Un jugador pequeño que terminó ganando
Si bien los procesos de compra asociados a esos proyectos no estarían cobijados bajo la Ley de Compras y Contrataciones dominicana, se realizó una licitación pública internacional que, según la querella, tiene unos niveles de supervisión y control mucho mayores a los que se realizan en el país.
Por lo tanto, y al ser la empresa de Montilla Sierra —Transformadores Solomon— un jugador tan pequeño en aquel momento, quedaron fuera de los procesos de licitación. Pero lo que ocurrió a continuación, según asegura la querella, fue una “maniobra fraudulenta consistente en una supuesta condición de proveedor exclusivo de Transformadores Solomon Dominicana” para obligar a todas las empresas ganadoras de los procesos de licitación pública internacional, a subcontratar con la empresa del cuñado del expresidente Medina.
Los exadministradores de las EDE, De León (quien, además era cuñado político de Montilla) Correa, Montás Domínguez y Del Carmen Maríñez “firmaban y avalaban la documentación técnica que establecía la condición de proveedor único de Transformadores Solomon para la compra de los equipos de telemedición bajo la tecnología Twacs, de la marca Aclara. Esa situación, según la querella, fue la “base esencial para crear un monopolio en beneficio del nombrado Maxy Gerardo Montilla Sierra”.
Dice el documento depositado en la Pepca que el cuñado del expresidente “obligó a todos los contratistas a que lo subcontrataran bajo condiciones totalmente leoninas, coaccionándolos para que adquirieran los materiales y equipos a sobreprecio”. Esa situación, de acuerdo a lo que indica la sentencia, fue denunciada por las empresas ganadoras de las licitaciones públicas internacionales. El documento cita a Consorcio Semona II, FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas SAU, el Consorcio Apca Elecven Eledor, Soluciones Energéticas Tirso Selman SRL (Soles), Korea Power Corporation (Kepco), Consorcio Chielec Dominicana y Monlux SA.
Financiamiento frenado
El Banco Europeo de Inversiones, de hecho, avisó este año que decidió no renovar el financiamiento por la situación derivada de “una investigación abierta en relación al sistema de compras seguido por beneficiarios de los fondos del préstamo”, indica la querella.
Por su parte, el Banco Mundial dijo a Diario Libre que “toma muy seriamente cualquier alegación de fraude y corrupción en sus operaciones”.
El multilateral indicó en una breve declaración a este medio que cuenta con mecanismos robustos “para garantizar que nuestros proyectos se ejecuten con integridad y beneficien a las personas para las que están diseñados”.
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