Diputada Pilarte López, no ha sido encartada por su jurisdicción privilegiada.
Paliza señala cada quien es responsable de sus actos
A 27 días de que fuera arrestado en Miami el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Miguel Gutiérrez Díaz, el Ministerio Público se prepara para llevar a juicio por lavado de activos provenientes del narcotráfico, a la familia López Pilarte, en cuyo caso involucran también a una legisladora oficialista.
Se trata de la diputada del PRM por la circunscripción uno por La Vega, Rosa Amalia Pilarte López, a quien el Ministerio Público vincula junto a su esposo Miguel Arturo López Florencio (Micky López) y sus hijos Miguel Arturo López Pilarte y el regidor José Miguel López Pilarte, de pertenecer a una red. Aunque estaría implicada, la legisladora no fue incluida en la acusación, debido a que le corresponde la jurisdicción privilegiada de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Ante los aprestos, la diputada Pilarte López aseguró que no se siente avergonzada por las acusaciones en contra de su familia, las que atribuyó a una “persecución política”.
Este miércoles, antes de iniciarse la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, defendió a su familia: “Tengo la frente en alto y la seguiré teniendo porque yo, mis hijos y mi familia lo que hemos hecho es trabajar honestamente por este país”.
Afirmó que el dinero en sus cuentas bancarias ha sido adquirido de forma legal y fruto de su trabajo y de los clientes de las empresas que su familia ha tenido.
“Mi familia y yo hemos sido tremendamente azotados por el Ministerio Público. A mí me da pena y lástima sobre la actitud del Ministerio Público que ha tomado en contra de nosotros”, argumentó.
Insistió en que se siente perseguida políticamente, ya que desde que le dijeron “sí al cambio” a un hijo suyo lo comenzaron a “someter” por una persona que no identificó y a la que tildó de “bocina”.
Esa situación encontró ayer postura a lo interno del PRM en la voz de su presidente José Ignacio Paliza, quien consideró que cada persona es responsable de sus actuaciones y su recorrido personal.
“Ella pertenece a una función distinta del Poder Ejecutivo, es miembro de la Cámara de Diputados, y es propio esperar que se desarrollen los acontecimientos. Nosotros siempre tenemos una actitud responsable sobre nuestra militancia”, enfatizó.
La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, solicitó la apertura a juicio para ventilar la acusación, la que asegura contiene 387 pruebas documentales, 257 materiales, 53 testimoniales, 18 audiovisuales y 27 periciales, que servirán para destruir la presunción de la inocencia de los encartados.
El 29 de junio del 2020, a días de las elecciones presidenciales y congresuales, el Ministerio Público se destapó con un allanamiento a las propiedades de Micky López, posteriormente lo sindicó de realizar junto a su esposa transacciones financieras que ascienden los RD$2,593,377,316.00.
Debido a esas investigaciones, el 20 de julio del 2020, la Oficina de Atención Permanente de La Vega impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Micky López y para sus hijos y cuñada Ada María Pilarte, el pago de RD$1,000,000, impedimento de salida del país, presentación periódica ante el Ministerio Público y la colocación de un grillete electrónico. Mientras que al empleado José Antonio Ro- mán, también implicado, se le colocó una garantía económica por RD$10,000 e impedimento de salida.
Los reportes de prensa indican que la medida de coerción contra el esposo de la diputada fue variada en diciembre pasado, por una garantía económica.
Hasta el momento la diputada no ha sido encartada por su condición de legisladora, lo que le otorga una jurisdicción privilegiada en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Pilarte López se suma al también diputado del PRM Miguel Gutiérrez Díaz, quien fue apresado en Miami el 18 de mayo pasado, luego de ser sindicado como miembro de una red de narcotráfico transnacional que operó entre 2014 y 2017 en República Dominicana, Colombia y los Estados Unidos.
La acusación formal emitida por un gran jurado federal de Miami el 11 de marzo de 2021, incluye con los mismos cargos a su hermano Miguel Emilio Gutiérrez Díaz , y a los hermanos dominicanos Endy de Jesús Núñez Mármol y Danny Núñez Mármol.
Gutiérrez fue el quinto legislador más votado del país en las elecciones congresuales del pasado año y el más votado en Santiago con 21,177 votos.
Mientras la diputada perremeísta Pilarte López, fue la segunda candidata más votada de la circunscripción 1 de La Vega. Ocupó la casilla número 4 del PRM, en la boleta de diputados de La Vega, obtuvo 15,703 votos, superada por Agustín Burgos Burgos, quien ocupaba la casilla 3 y logró 18,365 votos.
A la legisladora y su familia se les atribuye ingresar al sistema financiero nacional más de RD$2,593 millones provenientes de actividades de lavado de activos del narcotráfico.
En el expediente acusatorio los fiscales plantean que la diputada no ha podido justificar la integración en la economía de dicho monto, pues como médico (su profesión) y conforme a los reportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) nunca superó el sueldo de RD$30,000 mensuales. Aducen que tampoco se corresponden con los reportes realizados por los imputados a la Dirección General de Impuestos de Internos (DGII).
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