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| El contrato fue adjudicado a la compañía Suplidora Médica del Caribe, que de hecho fue la única entidad en presentarse al proceso de compra. |
Listin Diario
En el expediente en contra de los imputados de la Operación Medusa también figura el caso de una supuesta sobrevaloración de instrumentos para un departamento del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Así lo detalló la solicitud de allanamiento sometido por el ministerio público, donde las autoridades aseguraron que esta sobrevaluación alcanzó hasta cuatro veces a su valor original.
Este presunta irregularidad ocurrió hace dos años, durante la licitación para equipar el área de antropología del Inacif, para lo cual recibieron una donación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) de unos RD$1,703,984.
El contrato fue adjudicado a la compañía Suplidora Médica del Caribe, que de hecho fue la única entidad en presentarse al proceso de compra.
En total, la Procuraduría General de la República (PGR) gastó RD$2,948,277, invirtiendo más de 1.2 millones de pesos de su presupuesto para este fin.
Sin embargo, fue la propia AECID que externó su preocupación por ese monto, procediendo a contratar una empresa privada para llevar a cabo una auditoría para justificar la cotización elaborada por la PGR.
Esa investigación determinó que existía una diferencia entre la valoración de los equipos realizada por la PGR, y los resultados de la auditoría.
“Extendimos nuestro alcance de auditoria con el fin satisfacernos de la evidencia presentada, para esto procedimos a realizar una comparación de precios, debido a que entendíamos que en los equipos adquiridos había una sobreevaluación en la compra de los mismos, dando como resultado una diferencia de alrededor de 21,624 euros para un monto total de RD$1,303,956 equivalente de 4 veces por encima del valor comparable”, leía parte del documento.
Sin embargo, esto es de acuerdo a lo comandado en el mercado internacional, ya que los fiscales destacaron que si se compara con los precios locales la diferencia sería de un 59% por encima del valor de compra.
Al final la PGR realizó los pagos correspondientes, autorizados por el entonces director financiero de esa institución, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dos de los implicados en la Operación Medusa.
Incumplimiento
Otro caso referente al Inacif en la mencionada solicitud, fue la licitación de 2019 para la adquisición de equipos y adecuación de su laboratorio de ADN, para lo cual la PGR solicitó a la Presidencia de la República un millón de dólares (alrededor de 57.1 millones de pesos).
No obstante, los fiscales aseguraron en su investigación que a pesar de que fueron especificados los insumos necesarios, el Inacif recibió otros que no cumplían con la tarea necesitada.
Además, afirmaron que la empresa que ganó ese proceso de compra, First Medical Depot by Guzmán, no cumplió con las labores para la que fue contratada, resultando que el laboratorio todavía no esté en funcionamiento por no poder disponer de los equipos necesarios.
Pero sin importar lo anterior, la entonces subdirectora del Inacif, Emely C. Ramírez, emitió una certificación que indicaba la recepción satisfactoria de los instrumentos solicitados.
Operación Medusa
Así fue nombrada la investigación del ministerio público a personas que tenían vínculos con la PGR durante la gestión pasada, resultando imputados el exprocurador Rodríguez; Rafael Antonio Mercede Marte; Alfredo Alexander Solano Augusto; Rafael Canó Sacco; Javier Alejandro Forteza Ibarra; Rodríguez Imbert; Jenny Marte Peña; Alejandro Martin Rosa Llanes; Braulio Michael Batista Reyes; María Josefina Azar Díaz y Johannathan Medina Reyes.
También Altagracia Guillén Calzado, Miguel José Moya, Amelia Isabel Escaño, Mercedes Camelia Salcedo Disla, Ronny Rafael Corporán, Francis Ramírez Moreno y Ney Ernaldo Caccavelli Guevara.
¿De qué son acusados?
El grupo acusado de integrar una asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.
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