El magistrado señaló que en esos Tribunales trabajarán 154 jueces y un personal administrativo de 621 servidores judiciales los cuales prestarán servicios en los departamentos judiciales del Distrito Nacional, con un tribunales provinciales en Santo Domingo, en el que actuarán 19 magistrados; San Pedro de Macorís, 11; San Cristóbal, 12; Barahona, siete; San Juan de la Maguana, 12; cinco en La Vega; siete en en San Francisco de Macorís; en Santiago 12; en Puerto Plata ocho; en Montecristi nueve y cinco en el Seibo 5, cuya instalación implica una erogación de 452 millones de pesos, suma que deberá ser añadida al presupuesto del 2009.
Sostuvo que la hoja de presupuesto con que se ha estado desenvolviendo durante todos estos años el Poder Judicial ha sido el principal obstáculo para que esos tribunales comiencen a funcionar en cada una de esas jurisdicciones.
Expresó que se debe continuar desarrollando los planes de innovación y proyectos programados, dirigidos a incrementar la eficiencia del sistema de administración de justicia.
Afirmó por otra parte que la cobertura de servicio del acceso a la justicia no ha sido más amplia a causa de que las asignaciones presupuestarias recibidas por el Poder Judicial en el período 2003 y 2007 han sido insuficiente, con la agravante del incumplimiento de la ley que establece una asignación porcentual mínima para cubrir las necesidades y desarrollar todos los planes y proyectos de ese poder del Estado.
Subero recordó que la Ley 46-97, del 18 de febrero de 1997 consagró la autonomía administrativa del Poder Judicial y el 12 de agosto del 2004 se promulgó la Ley 194-04, que dispone su autonomía presupuestaria y administrativa, así como una asignación de un 2,66 por ciento de los recursos internos de la Nación para sus necesidades, planes y programas de desarrollo.
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