Fuente, http://www.dajabon24horas.com/
Montecristi.- El obispo emérito de la Diócesis Mao-Montecristi, Monseñor Jerónimo Tomás Abreu Herrera, al ponderar el desempeño de la ley 28-01, consideró que la misma es un significativo paliativo para reducir el alto nivel de pobreza que caracteriza a la zona fronteriza.
Abreu Herrera quien además preside el Instituto para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR), manifestó su preocupación ante los embates que de nuevo están reeditando sectores empresariales, considerando que “me extraña que en las presentes circunstancias de extrema pobreza de la frontera, quieran quitarle una compensación fijada por ley a las empresas que se han establecido en esta marginada región”, apuntó.Aclaró que tal compensación es un atributo por la lejanía, gastos de transporte, falta de adecuada comunicación y servicio energético, que la ley concede a todos en igualdad de condiciones, pues esa normativa no es un privilegio, ya que todos los empresarios tienen el mismo derecho contemplado en la referida ley de instalarse en la zona fronteriza al amparo de las exenciones y los beneficios fiscales considerados en la misma.El prelado católico manifestó que siempre han existido sectores que con intereses oscuros se empecinan en hacer desaparecer la Ley 28-01, sin importarle el destino de los miles de seres humanos que viven arropados con la miseria en la frontera, recordando que la constitución declara en su artículo 10 de supremo y permanente interés nacional la seguridad y el desarrollo en todos los ámbitos de la zona fronteriza.Abreu Herrera enumeró una serie de beneficios, que desde el 1 de febrero del 2001 en que entró en vigencia la ley, se han generado tanto para la región fronteriza, el noroeste como para el país, por lo que consideró que mutilar o desaparecer la ley es un crimen contra los empobrecidos de estas depauperadas zonas debido a que una de las principales conquistas experimentadas en la última década para propiciar un verdadero plan de desarrollo de la región fronteriza, lo constituye sin lugar a dudas la ley 28-01. En los últimos días, a raíz de una resolución del CDDF, que otorga una calificación a una nueva empresa extranjera para la elaboración de jugos, sectores empresariales del país, entre ellos la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, han manifestado su oposición a ello y a las exenciones fiscales que amparan a las empresas instaladas en la frontera al amparo de la Ley 28-01, lo que consideran genera competencia desleal a sus homólogas, porque no cuentan con los mismos beneficios fiscales.
Abreu Herrera quien además preside el Instituto para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR), manifestó su preocupación ante los embates que de nuevo están reeditando sectores empresariales, considerando que “me extraña que en las presentes circunstancias de extrema pobreza de la frontera, quieran quitarle una compensación fijada por ley a las empresas que se han establecido en esta marginada región”, apuntó.Aclaró que tal compensación es un atributo por la lejanía, gastos de transporte, falta de adecuada comunicación y servicio energético, que la ley concede a todos en igualdad de condiciones, pues esa normativa no es un privilegio, ya que todos los empresarios tienen el mismo derecho contemplado en la referida ley de instalarse en la zona fronteriza al amparo de las exenciones y los beneficios fiscales considerados en la misma.El prelado católico manifestó que siempre han existido sectores que con intereses oscuros se empecinan en hacer desaparecer la Ley 28-01, sin importarle el destino de los miles de seres humanos que viven arropados con la miseria en la frontera, recordando que la constitución declara en su artículo 10 de supremo y permanente interés nacional la seguridad y el desarrollo en todos los ámbitos de la zona fronteriza.Abreu Herrera enumeró una serie de beneficios, que desde el 1 de febrero del 2001 en que entró en vigencia la ley, se han generado tanto para la región fronteriza, el noroeste como para el país, por lo que consideró que mutilar o desaparecer la ley es un crimen contra los empobrecidos de estas depauperadas zonas debido a que una de las principales conquistas experimentadas en la última década para propiciar un verdadero plan de desarrollo de la región fronteriza, lo constituye sin lugar a dudas la ley 28-01. En los últimos días, a raíz de una resolución del CDDF, que otorga una calificación a una nueva empresa extranjera para la elaboración de jugos, sectores empresariales del país, entre ellos la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, han manifestado su oposición a ello y a las exenciones fiscales que amparan a las empresas instaladas en la frontera al amparo de la Ley 28-01, lo que consideran genera competencia desleal a sus homólogas, porque no cuentan con los mismos beneficios fiscales.
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