José Manuel Castillo, director Noticias A Tiempo. Whatsapp: 8098160105, josemlct11@hotmail.com. Santiago, República Dominicana.

miércoles, 23 de marzo de 2011

El Gobierno llama “ignorante”, “intimidante” y “tremendista” al CONEP


Califica de “impropia” la actitud del CONEP y le exhorta a contribuir con el fortalecimiento de la legitimidad democrática

Fuente, http://www.acento.com.do/

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Gobierno dominicano defendió la observación hecha por el presidente Leonel Fernández, como cabeza del Poder Ejecutivo, a la Ley del Tribunal Constitucional para que no excluya a los jueces que han cumplido 75 años, y rechazó “enérgicamente” las críticas del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), entidad a la que acusa de asumir una postura tremendista, ignorante e intimidante.

En un documento divulgado este miércoles por la Dirección de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia de la República se pone en duda que el CONEP emitiera las críticas publicadas por los medios de comunicación, y expresa:

“El ejercicio de un derecho no puede nunca generar “nefastas consecuencias”, pero sí la negación del ejercicio de los mismos (sic), salvo que esas pretensiones sean consecuencia de la ignorancia que haya llevado a pretensiones de tal tremendismo, impropio en un sector que debe contribuir con su serenidad y reflexión al fortalecimiento de la legitimidad democrática”.

A continuación el documento íntegro de la oficina del Director de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia, Rafael Núñez:

Gobierno rechaza que observación presidencial amenace orden constitucional

“Rechazamos enérgicamente las declaraciones atribuidas por algunos medios de comunicación al Presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, en el sentido de que la observación formulada por el señor Presidente de la República  constituya una amenaza al orden constitucional.

“Y la rechazamos porque lo que sí constituye una negación del orden constitucional y la institucionalidad, es querer impedirle al Presidente de la República que ejerza una acción  que la propia Carta Sustantiva  le concede con carácter de exclusividad, y como una forma de ejercer el necesario contrapeso entre los poderes.

“La observación de las leyes aprobadas por el Congreso antes de su promulgación, es un derecho que la Constitución concede al titular del Poder Ejecutivo, mediante los artículos 102 y 103 de la Constitución de la República y ningún otro poder ni ninguna institución o persona puede limitar esa facultad.

“La Constitución del 2010 tuvo el cuidado de reglamentar el derecho a la observación por parte del Poder Ejecutivo, estableciendo la obligación de indicar los artículos objetos de dicha observación e indicando las razones en que se fundamenta la misma.

“Igualmente, los artículos mencionados regulan los plazos dentro de los cuales debe ejercerse dicha observación; la obligatoriedad para la Cámara que recibe la misma para colocarlo de inmediato en el Orden del Día y  la mayoría necesaria para el rechazo por parte de los legisladores a la indicada observación.
“En esos textos (102 y 103) están contenidas las únicas regulaciones posibles al derecho a la observación presidencial y sólo ellos pueden introducir alguna limitación al mismo.

“Siempre se ha reconocido que el Estado democrático, sustentado en la división tripartita de los poderes,  opera mediante el ejercicio de los contrapesos de tales poderes. Y una forma legítima es, con respecto al Poder Ejecutivo, la de ejercer el derecho a la observación, que en otros sistemas y legislaciones tiene un alcance mayor mediante el mecanismo del veto.

“Que el Presidente de la República ejerza su derecho constitucional a la observación de una ley no puede ser nunca una alteración al Estado de derecho ni mucho menos un atentado a la constitucionalidad.

“El atentado a la constitucionalidad consiste, por el contrario, en querer limitar esa facultad presidencial, evitando una discusión que lejos de dañar a la democracia, la fortalece.

“Las declaraciones a que me refiero pretender generar un proceso de intimidación al ejercicio de facultades otorgadas por la Constitución a los poderes públicos y ello es sencillamente inaceptable por antidemocrático.
“El ejercicio de un derecho no puede nunca generar “nefastas consecuencias”, pero sí la negación del ejercicio de los mismos (sic), salvo que esas pretensiones sean consecuencia de la ignorancia que haya llevado a pretensiones de tal tremendismo, impropio en un sector que debe contribuir con su serenidad y reflexión al fortalecimiento de la legitimidad democrática”.
Dirección de Información, Prensa y Publicidad de la Presidencia

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