Un conjunto de organizaciones respaldaron este sábado la iniciativa del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, de solicitar a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que se permita al organismo que dirige continuar con la investigación en contra del investigado Félix Ramón Bautista Rosario.
Las entidades entiende que la investigación es necesaria para descartar o comprobar si los hechos denunciados tienen o no méritos para sostener o descartar una acusación en contra Bautista Rosario.
Entienden que la forma apresurada y el momento escogido por el director de la Dirección de Persecución contra la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla, para dictar un auto de archivo definitivo contra el investigado días antes del cambio de gobierno, ha generado una profunda desconfianza en la ciudadanía, sobre todo por haber calificado de definitivo el archivo sobre la base incorrecta de que los múltiples hechos denunciados, como por ejemplo la sobrevaloración de obras, no constituyen una infracción penal.
En tal sentido, rechazan “los esfuerzos de personas dentro del propio gobierno y del partido intentan desacreditar a uno de sus mejores funcionarios que con sus actuaciones está aportando a la gestión del presidente Danilo Medina la legitimidad y credibilidad que éste necesita para enfrentar con éxito la difícil situación económica y financiera que recibiera del pasado gobierno”.
No obstante, las organizaciones dicen tener la esperanza que la SCJ aclare al país si los hechos denunciados, como la desaparición de fondos públicos, pagos para beneficio personal, sobrevaloración de gastos, pagos a jornaleros inexistentes, pagos por servicios no recibidos, pagos a familiares, asignación de obras a parientes y compañías relacionadas, entre otras denuncias, pueden ser calificados como hechos “que no constituyen una infracción penal”, excusa utilizada por el Dr. Hotoniel Bonilla para calificar erróneamente de definitivo el archivo de las denuncias realizadas.
“Apoyamos la medida adoptada por el Procurador General de la República y todas aquellas dirigidas a erradicar la corrupción y la impunidad, sin importar a quién involucre, para que los hechos denunciados sean seria y profundamente investigados, y de obtenerse las pruebas necesarias, los responsables sean procesados y sancionados”, concluyen.
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