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| El coronenl Jacobo Mateo ofrece la versión policial.Acento.com.do/Fuente externa. |
La entidad reclamó al Procurador General, Francisco Domínguez Brito, que impida que el crimen de Claudio Nasco quede impune “ante la posible búsqueda por parte la Policía Nacional de falsos culpables”.
Fuente, http://www.acento.com.do/
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Convergencia Nacional de Abogados (CONA) expresó dudas sobre la versión dada por la Policía Nacional sobre el asesinato del periodista y locutor Claudio Nasco, al tiempo que pidió a la Procuraduría General de la República que aclare el caso que ha conmovido al país.
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| Claudio Nasco |
En una declaración entregada a los medios de comunicación, la CONA, que dirige Yuniol Ramírez Ferreras, manifestó su indignación por el horrendo crimen del comunicador de NCDN, cometido la noche del viernes en una habitación del motel Chévere, de la autopista 30 de Mayo.
“Recordemos que el comunicador tuvo una relación sentimental de público conocimiento con un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y funcionario peledeísta, por lo que los tres ciudadanos acusados pudieran ser chivos expiatorios para asegurar la impunidad del crimen ante la nombradía del dirigente político, en caso de que éste tenga algún nivel de responsabilidad en el hecho”, expresó la institución.
La entidad reclamó al Procurador General, Francisco Domínguez Brito, que impida que el crimen de Claudio Nasco quede impune “ante la posible búsqueda por parte la Policía Nacional de falsos culpables”.
“Por la veda de tocar ciertos detalles sobre el tema, el crimen pudiera quedar impune, dada la inoperancia de la Policía Nacional para determinados casos”, advirtió la CONA.
″Es sintomático el hecho de que la Policía Nacional haya presentado a tres individuos que alegadamente confesaron haber asesinado al comunicador, insinuando dicha institución que Nasco tenía una relación de pareja con uno de estos", expuso la organización.
La CONA expresó que, como institución que propugna por el Estado de Derecho, es su responsabilidad demandar que los posibles culpables de crímenes y delitos sean investigados y si resultan culpables purguen la pena correspondiente, independientemente del poder político o económico que puedan tener.
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