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| Protesta contra la TC-168, en Quebec, Canadá.Acento.com.do/Fuente externa. |
Tras cinco días de estancia en la República Dominicana, el 6 de diciembre una misión de la CIDH denunció que un "número indeterminado pero muy significativo" de dominicanos han sido privados "arbitrariamente" de su nacionalidad con el fallo del TC
SANTO DOMINGO, República Dominicana 12 dic (EFE).- La República Dominicana despide 2013 sin resolver el problema ni cerrar la polémica social motivados por el fallo del Tribunal Constitucional que niega la nacionalidad a los hijos de inmigrantes ilegales y afecta, principalmente, a los haitianos.
Hasta que se dictó sentencia en septiembre pasado las relaciones con Haití navegaban por aguas relativamente tranquilas, pero el fallo del TC volvió a enturbiar unas relaciones de por si tirantes debido al problema migratorio.
"Aberrante", "discriminatorio" o "racista" son las críticas dirigidas hacia una sentencia que ha levantado ampollas en la isla y que ha colocado al país en una incómoda situación ante la comunidad internacional.
El fallo del TC, del 25 de septiembre, establece principalmente que a las personas nacidas en la República Dominicana de padres extranjeros en tránsito después de 1929 no les corresponde la nacionalidad.
Dicha sentencia generó opiniones a favor y en contra en el país, pero un rotundo rechazo de la comunidad internacional.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUR), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comunidad del Caribe (Caricom), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), UNICEF o Amnistía Internacional, son algunas de las organizaciones internacionales que han criticado el contenido del fallo judicial.
Tras cinco días de estancia en la República Dominicana, el 6 de diciembre una misión de la CIDH denunció que un "número indeterminado pero muy significativo" de dominicanos han sido privados "arbitrariamente" de su nacionalidad con el fallo del TC.
La CIDH explicó que pudo "valorar" diversos "avances" en el desarrollo de la institucionalidad democrática y la protección de los derechos humanos.
Sin embargo, advirtió de que las violaciones al derecho a la nacionalidad se habían "agravado" desde su última visita en 1997.
En relación a esa privación "arbitraria" de la nacionalidad, la CIDH cifraba esas personas, según "diversas fuentes", en 200.000, y remarcaba que la medida afectaba de forma "desproporcionada" a las de ascendencia haitiana.
El Gobierno del presidente Danilo Medina ha hecho frente a las críticas con la elaboración y difusión de un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que residen ilegalmente en el país.
Según el proyecto difundido el pasado 26 de noviembre, se suspenden las deportaciones durante el periodo en el que los extranjeros en situación ilegal decidan sumarse a él para su regularización.
El plan, que anuncia un proceso especial de naturalización para los descendientes de extranjeros irregulares que el Ejecutivo detallará más adelante, señala que los requisitos para la regularización pasarían por presentar cualquier documento que sirva para identificar al solicitante y que las autoridades puedan verificar como legítimo.
Otra de las medidas adoptadas por el Ejecutivo dominicano ha sido llevar a cabo una campaña tanto a nivel nacional como internacional para explicar la situación. El Gobierno insiste en que la propia sentencia abre la puerta a la regularización y ha subrayado que será acatada.
Mientras, Medina ha reconocido el "drama" que esta circunstancia supone para miles de jóvenes de ascendencia haitiana nacidos en la República Dominicana y que se trata de un "problema humano" que es preciso resolver.
Sin embargo, los argumentos y explicaciones de la Administración de Medina aún son vistos con recelo en el vecino país, tras el cruce de llamadas y convocatorias a los respectivos embajadores que supuso en un primer momento el fallo del TC, que en realidad respondía con él a una joven que reclamaba documentos de identidad que se le habían negado.
Ya en octubre el canciller haitiano, Pierre-Richard Casimir, convocó al embajador dominicano en Puerto Príncipe, Rubén Silié, para tratar del fallo, que políticos haitianos llegaron a calificar de "crimen contra la humanidad".
En esa misma ocasión el Gobierno de Haití llamó a consultas a su embajador en Dominicana, Fritz Cineas.
Un mes después la República Dominicana llamó a consultas a su embajador en Puerto Príncipe tras acusar a su Gobierno de incumplir una declaración conjunta firmada en Venezuela para resolver la situación creada por la sentencia.
En la República Dominicana hay 53.847 hijos de padres extranjeros, de un total de 117 nacionalidades, de los cuales 24.392 fueron inscritos de forma irregular. EFE
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