La sentencia buena o mala llama al Estado dominicano a asumir responsabilidad migratoria

 María José, de 32 años, hija de braceros
 haitianos. Quiso ser maestra, pero fue
 despojada de sus documentos por la
 Junta Central Electoral.

Mientras los que discuten la legalidad o no de la sentencia sean juez y parte al mismo tiempo el problema no se va a solucionar fácilmente.

José Alfredo Espinal

Editor/Caribbean Digital

SANTIAGO, República Dominicana.- La controversial sentencia 168-13, emitida por el Tribunal Constitucional tiene sus partes positivas y negativas, pero sectores interesados de una y otra parte han hecho de la misma un escándalo nacional e internacional que mantiene dividida a la sociedad dominicana en torno a la legalidad o no de la misma.

Quienes discuten el fallo están atrapados en las contiendas en vez de ponerse de acuerdo y buscar un punto de equilibrio de lo bueno y lo mano que pudo haber tenido la sentencia.

Si la sentencia desnacionaliza a miles de dominicanos, la mayoría descendientes de haitianos es una parte a discutir y tratar de buscársele una salida humana como ha expresado el Presidente de la República, pero no hacer una sentencia que constitucionalmente es irrevocable un show mediático que mas que ayudar a un grupo, lo que ha estado logrando es dañar la imagen del país.

Los inmigrantes hijos de haitianos y los de otras nacionalidades en su misma condición deben ser tratados como seres humanos y respetárseles sus derechos, de eso me parece que no debería haber ninguna discusión. Desconocer esa realidad es una injusticia que tarde o temprano no las van a cobrar.

De igual manera, los inmigrantes haitianos u otras nacionalidades también deben comprender que cada estado tiene su soberanía de decidir quienes son o no son sus ciudadanos. Reconocer ese derecho de cada estado es un acto de justicia de cada persona u organismo internacional.

Es imposible abrir las fronteras y permitir que todos los inmigrantes obtengan documentos y se nacionalicen, porque no se puede permitir por ninguna circunstancias.

Mientras los que discuten la legalidad o no de la sentencia sean juez y parte al mismo tiempo el problema no se va a solucionar fácilmente.

Reitero, la parte humana de los hijos de inmigrantes hay que respetarlo en cualquier terreno, igual entiendo, que el derecho de un estado a decidir también debe ser respetado.

En tal sentido, independientemente de lo que ha estado aconteciendo, la sentencia del Tribunal Constitucional está obligando al Estado dominicano a asumir con responsabilidad el tema de la migración en el país.

Desde ese punto de vista la sentencia servirá para que el Estado dominicano, irresponsable en este asunto de tanta importancia, sea capaz de una vez y por todas de asumir el control de las fronteras y evitar esa estampida de indocumentados haitianos y de otras nacionalidades que aprovechan la debilidad y tráfico que opera en los límites divisionales con Haití.

Ya está bueno…