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| Representantes de Haiti y RD firmando un acuerdoArchivo Acento.com.do |
CARICOM, un club de países al cual la República Dominicana ha intentado unirse desde 2005, el mes pasado suspendió su solicitud de adhesión. Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, exigió que se le expulse del Cariforum, organismo que representa a la región en las negociaciones con la Unión Europea, y de PetroCaribe
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- The Economist, la famosa internacional revista de economía, dedicó un trabajo en su última edición a las relaciones entre la República Dominicana y Haití, con el comentario de que se trata de “una tormenta” que está sucediendo en estos momentos en las relaciones entre los dos países de la isla Española.
“Una tormenta en La Española” es el título del trabajo periodístico, en el que se destaca que “no hay acuerdo sobre cuántos han sido despojados de la ciudadanía” por parte de las autoridades dominicanas.
El trabajo es el siguiente, con traducción de Iván Pérez Carrión:
La última vez que en la República Dominicana se cometió una atrocidad contra residentes de ascendencia haitiana, el resto del mundo prestó poca atención. En 1937 Rafael Trujillo, un dictador brutal, ordenó a las tropas despejar las tierras fronterizas del país de haitianos, a quienes llamó ladrones. En cinco días murieron miles de personas. El gobierno de Haití emitió sólo una leve protesta.
Este tipo de violencia es, afortunadamente, cosa del pasado. Pero las tensiones entre los dos países se han incrementado después de lo que los críticos de la República Dominicana afirman es una atrocidad legal. En septiembre, el Tribunal Constitucional dictaminó la política actual bajo la cual a los nacidos en el país sólo se les concede la ciudadanía si al menos uno de sus padres es un residente legal, se debe aplicar retroactivamente a las personas nacidas antes de que se pusiera en práctica a partir de 2004. Según grupos de derechos humanos, esto convierte en apátridas a más de 200,000 personas de ascendencia haitiana. Esta vez, Haití y sus aliados están haciendo algo más que un escándalo.
El gobierno argumenta que la sentencia aclara una situación ambigua. El 29 de noviembre el presidente Danilo Medina decretó que todos los extranjeros indocumentados tienen 18 meses durante los cuales no pueden ser deportados, para registrarse ante las autoridades. Los solicitantes que presentan vínculos “incuestionables” con el país, como que estudian o trabajan allí, hablan español, tienen familiares nativos y son dueños de propiedades, serán elegibles para obtener la residencia. El gobierno también planea introducir una ley de naturalización, la cual dice que va a ofrecer una vía rápida para obtener la ciudadanía a estas personas.
El gobierno insiste en que se ha exagerado el alcance de la sentencia. Su auditoría del registro de nacimientos encontró 24,392 personas cuya ciudadanía ya no es válida. Los activistas cuestionan la fiabilidad de este conteo, realizado en tan sólo ocho días. Afirman que diez veces más personas podrían verse afectadas, y que miles de personas afectadas carecen de certificado de nacimiento, y por lo tanto, están excluidas de la normativa.
La decisión del tribunal ha envenenado las relaciones haitiano-dominicanas. En un discurso, el presidente de Haití, Michel Martelly, citando a un periodista dominicano, se quejó de un “genocidio civil”. Eso llevó a los funcionarios dominicanos a cancelar una reunión con sus homólogos haitianos para discutir el tema. El mes pasado, residentes de Neiba, una localidad dominicana cercana a la frontera, culparon a los haitianos por un robo que dejó dos personas muertas, y ellos, a su vez, mataron a un haitiano como represalia. En los disturbios que siguieron, la policía (dominicana) empujó a cientos de haitianos hacia el otro lado de la frontera.
República Dominicana ya no puede contar con países más lejanos para que miren hacia otro lado. Estados Unidos ha estado pisado con cautela hasta ahora, estimulando al gobierno dominicano a proteger los derechos humanos, mientras que acepta la decisión del tribunal. Pero otros países caribeños ‒cuyas poblaciones en su mayoría negra ven a los dominicos descendientes de haitianas como víctimas del racismo‒ se han apartado sin tapujos.
CARICOM, un club de países al cual la República Dominicana ha intentado unirse desde 2005, el mes pasado suspendió su solicitud de adhesión. Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, exigió que se le expulse del Cariforum, organismo que representa a la región en las negociaciones con la Unión Europea, y de PetroCaribe, el programa de petróleo subsidiado de Venezuela. Si el señor Medina quiere disminuir la indignación, podría impulsar la ley de naturalización para otorgarle la ciudadanía inmediata a los afectados por el fallo.
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