Después de Chile, el enviado especial estadounidense contempla visitas a Uruguay, Argentina, Brasil y República Dominicana, para impulsar el respeto de los derechos humanos de la comunidad LGBTI
EFE
Fuente, http://acento.com.do/
Santiago de Chile (EFE).- El enviado especial estadounidense para los Derechos Humanos de las lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), Randy Berry, arrancó este lunes en Chile una gira por Latinoamérica visitando la tumba-memorial de Daniel Zamudio, un joven brutalmente asesinado por motivos homofóbicos. La gira incluye una visita a República Dominicana.
Berry llegó hasta el Cementerio General de Santiago para dejar flores en la tumba de Zamudio en honor a las personas que han perdido su vida en razón de su orientación sexual o identidad de género.
El enviado especial estadounidense, que también contempla visitas a Uruguay, Argentina, Brasil y República Dominicana, para impulsar el respeto de los derechos humanos de la comunidad LGBTI, estuvo acompañado por el subsecretario general de Gobierno de Chile, Rodolfo Baier, el embajador de EE.UU. en Chile, Michael Hammer, y de activistas del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
En la visita, el presidente del Movilh, Rolando Jiménez, valoró que el presidente estadounidense, Barack Obama, haya creado la figura de enviado especial en temas LGBTI, porque “demuestra una preocupación real para hacer frente a la homofobia y la transfobia que está tan gravemente extendida en todo el mundo”.
Berry, excónsul general de EE.UU. en Amsterdam y con experiencia en varios países de África y Asia, también tiene la función de promover que se garantice la igualdad y dignidad de las personas sin importar su orientación sexual o identidad de género.
En Chile, la defensa de la igualdad se intensificó luego del brutal asesinato de Daniel Zamudio, un joven que murió tras casi un mes de agonía debido a un feroz ataque a golpes en el año 2012.
Luego del impacto provocado por el crimen, el Congreso aprobó ese mismo año una ley antidiscriminación, cuyo trámite se había dilatado por siete años.
El articulado dejó establecido que cualquier delito impulsado por una situación ideológica o discriminatoria, ya sea por religión, raza, etnia, condición u orientación sexual puede ser considerado como una agravante por el juez en un proceso penal. EFE
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