Asestan otro golpe a la red del caso Coral

Los representantes de la Procuraduría General de la República consideran que la red de corrupción en estamentos militares acumuló bienes cuantiosos.

Con los registros en casas y fincas en el Distrito Nacional, Santo Domingo, La Vega, Monte Plata y San Francisco de Macorís, las autoridades han completado 45 allanamientos contra el grupo.

Listin Diario

Con los 18 allanamientos simultáneos realizados ayer en diferentes pun­tos del país, suman 45 los practicados por el ministe­rio público en la primera fase del operativo en con­tra del entramado de co­rrupción denominado Co­ral, con el fin de recolectar evidencias e incautar bie­nes.

Ayer fiscales de la Pro­curaduría Especializada de Persecución de la Co­rrupción Administrativa (Pepca) y de Persecución realizaron 18 allanamien­tos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, La Vega, Monte Plata y San Francis­co de Macorís, los que in­cluyen varias fincas, villas, apartamentos, locales co­merciales, entre otros.

Mientras que en el pri­mer operativo esos fiscales acompañados de policías y militares realizaron 27 alla­namientos simultáneos en San Pedro de Macorís, Mon­te Plata, Samaná, Santo Do­mingo y el Distrito Nacio­nal.

Bienes cuantiosos
En esos operativos se han incautado bienes millona­rios y el apresamientos de varios de los involucrados en el entramado de co­rrupción, entre lo que se encuentran el mayor ge­neral Adán Cáceres Silves­tre, la pastora Rossy Guz­mán, su hijo Tanner Flete Guzmán, el coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, el sargen­to de la Armada Alejan­dro José Montero Cruz y el mayor Alejandro Girón Ji­ménez.

Todos presos
Contra los cinco primeros la jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Perma­nente del Distrito Nacional, dictó prisión preventiva por un periodo de 18 meses pa­ra ser cumplidos en el Cen­tro de Corrección y Rehabi­litación de Najayo, mientras que en contra del último se ordenó arresto domiciliario.

Wilson Camacho, director del Pepca, explicó que los allanamientos que realiza el ministerio público este jue­ves se enmarcan dentro del entramado de corrupción de la operación Coral y que son para incautar bienes.

“Los allanamientos toda­vía están en progreso; en la medida de que estos se cie­rren, entonces estaremos en condiciones de saber si por alguna razón se han reali­zado arrestos o no”, dijo Ca­macho, titular del Pepca), al responder preguntas de los periodistas en un receso del juicio de fondo del Caso Odebrecht, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Agregó Camacho que “esta es una segunda ola de incautaciones para lle­gar hasta el último peso que se hayan robado del erario; esa es la razón por la que es­tamos haciendo estos alla­namientos”.

“Hasta el momento esta­mos incautando bienes y re­colectando evidencias. Los allanamientos están en pro­ceso cuando se cierre po­drán saber si se han produ­cido apresamiento” expresó el director de la Pepca.

Cáceres Silvestre fue el jefe de la seguridad del ex­presidente Danilo Medina.

Modus operandi
Según la Pepca, una de las tácticas utilizadas por el presunto entramado conta­ba de dos pasos, primero el nombramiento irregular de cientos de policías y milita­res en las nóminas del Cuer­po Especializado de Seguri­dad Presidencial (CUSEP) y del Cuerpo Especializa­do de Seguridad Turísti­ca (Cestur), cobrando en­tre 20,000 y 70,000 pesos mensuales.

La siguiente fase consis­tía en entregar a la red un porcentaje de esos montos a cambio de bajas dádivas. Las autoridades también se­ñalaron que en ese proce­so se solían desviar sumas millonarias provenientes de los viáticos, compra de combustibles y raciones ali­menticias.

Asimismo, la diferencia entre lo pagado y la dádiva era subsecuentemente re­partida entre miembros de esta sociedad.

DETALLES
Núñez de Aza
La PEPCA calificó a uno de los detenidos, Ra­fael Núñez de Aza, como “uno de los cerebros fi­nancieros principales”, a quien acusa de crímenes como estafa, coalición de funcionarios y lavado de activos, este último sirviendo como víncu­lo entre el coronel y Ros­sy Guzmán. Esta unidad de persecución indicó que Guzmán creó varias empresas con ese fin, se­ñalando específicamen­te Único Real State. Ci­tó una de las presuntas instancias de lavado la compra de un aparta­mento ubicado en Bal­cones del Atlántico, Las Terrenas, Samaná.