Opositores y sindicalistas coinciden con Alfredo Pacheco sobre pensiones Rafael Pepe Abreu, presidente del CNUS, está en sintonía con la propuesta de Pacheco.
Hoy continúan en Azua las vistas públicas para recoger opiniones sobre la reforma a la ley de Seguridad Social
La propuesta para que el Gobierno realice aportes a la seguridad social y que las pensiones se otorguen en base al 70% o 75% del último salario de los empleados concitó ayer el apoyo de la clase sindical y generó pronunciamientos de políticos y expertos, quienes advierten sobre la necesidad de una reforma a la legislación.
El presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael Pepe Abreu, sostuvo que los planteamientos, realizados por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, coinciden con posiciones realizadas en ese sentido por los trabajadores.
“Nosotros consideramos que él (Pacheco) está transitando por el camino que se necesita en este país de abordar el tema de la seguridad social dominicana, pues es por ahí que hay que abordarlo”, enfatizó.
Sostuvo que de lo que se trata es de darle certidumbre al trabajador para cuando se retire reciba una pensión digna.
Precisó que la visión del presidente de la Cámara Baja va en sintonía con la externada por la clase trabajadora y que ojalá los empresarios, congresistas, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), la sociedad civil y laboral entiendan la necesidad de repensar el tema de las pensiones. Sacó a colación el hecho de que un trabajador del Seguro Social lo que recibe de pensión al mes son RD$10 mil.
“Si nosotros dejamos las cosas como van, un cotizante actual de estos jóvenes que cotizan hoy, puede recibir al final de su vida laboral, como está el sistema planteado, menos que el pensionado del Seguro Social que cobra RD$10 mil”, aseguró.
Pepe Abreu consideró que ningún país del mundo puede mantener un sistema de la Seguridad Social donde el Gobierno esté ausente.
“Consideramos correctos los planteamientos y deben ser estudiados por la clase sindical y por la sociedad, comenzando por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el poder empresarial y por el propio sistema de pensiones de las AFP”, apuntó .
También los opositores diputados peledeístas Luis Henríquez y Rafael Castillo, consideran una necesidad reformar de manera integral la Ley de Seguridad Social, para lograr una fórmula a favor de los trabajadores.
Su par, el oficialista Julio Fulcar, está en la misma sintonía y dijo que la actual ley es injusta y poco equilibrada, por lo que se impone una reforma con mayores beneficios para la clase trabajadora.
Pasos congresionales
El proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social agota un recorrido por diversos puntos del país, con la celebración de vistas públicas y luego será un taller para culminar en el mes de octubre con el conocimiento de la pieza.
El presidente de la comisión bicameral que estudia el anteproyecto, diputado Agustín Burgos, indicó que este miércoles estarán en Azua recibiendo propuestas de los actores sociales. Están pendientes las vistas públicas en las provincias Santo Domingo y San Francisco de Macorís.
Burgos explicó que completado el calendario de las vistas, tienen programado celebrar un taller para abordar los puntos más neurálgicos del anteproyecto. Participarán expertos nacionales e internacionales.
“A más tardar en octubre estaremos entrando en las discusiones para poder rendir un informe en este año a ambas cámaras”, refirió.
Díaz Santana y su visión ante reforma
— ¿Es viable el planteamiento del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, de que el Gobierno aporte a la Seguridad Social? ¿Cuál sería su impacto?
“La experiencia en América Latina es que cuando los gobiernos aportan para los trabajadores del Régimen Contributivo, al cabo de unos años dejan de hacerlo y el sistema de seguridad social se queda en el aire, enfrentando muchas estrecheces financieras. Ese fue el caso del IDSS (Seguro Social), cuya ley 18-96 incluyó un aporte gubernamental que nunca se cumplió cuando era más necesario. También ocurre en Guatemala, Honduras, Ecuador y Nicaragua, entre otros.
Por eso la Ley 87-01 sólo establece el aporte de Estado a favor de sus propios empleados, en calidad de empleador. Porque el legislador consideró que, tratándose de un sistema universal, la prioridad de aporte del Estado, es para subsidiar las pensiones solidarias, no contributivas, en beneficio de los envejecientes pobres, indigentes, de los desempleados, de millones de trabajadores por cuenta propia y aquellos asalariados que no logran acumular lo suficiente para asegurarse una pensión.”
—¿ Cuál es su valoración respecto al punto de que se otorguen las pensiones entre un 70% y 75% del último salario del empleado?
“Eso sería lo ideal. Debemos trabajar para asegurar una pensión digna. Pero es imprescindible que se realicen los estudios actuariales específicos para determinar cuál debe ser la cotización obrero-patronal y cuántos los años necesarios para el retiro, a fin de poder acumular lo suficiente. Recordemos que el mundo actual enfrenta los retos de una longevidad creciente, que determina una crisis de los sistemas de seguridad social. Hace 70 años, cuando se iniciaron los seguros sociales en el Caribe, la esperanza de vida era unos 50 años y hoy ya supera los 75 y sigue avanzando. Esos retos hay que enfrentarlos mediante estudios y cálculos financieros porque cualquier improvisación podría tener un impacto económico y social de consideración.”
El presidente de los Diputados propuso que las ARS amplíen las coberturas para que los pensionados reciban servicios de salud. Esa decisión corresponde exclusivamente al CNSS y a la Sisalril. Las ARS operan en base al catálogo de servicios médicos y al catálogo de medicamentos, ambos elaborados por la Sisalril y aprobados por el CNSS. En consecuencia, esa es una necesidad nacional reclamada con justa razón por los afiliados que debe presentarse a estas dos instancias de supervisión y dirección, ya que no es función de las ARS determinar las coberturas de los servicios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario